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El INCUCAI deroga la excepción de pago de aranceles para hospitales públicos, militares y universidades en protocolos de investigación de trasplantes. La investigación médica pública, ¿ahora con costo extra?
Una decisión del INCUCAI (Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante) generó revuelo en el ámbito de la salud y la investigación. La Resolución 95/2026 deroga el artículo 2° de la Resolución INCUCAI N° 84/2026, que eximía del pago de aranceles a "establecimientos sanitarios públicos, a los dependientes de las Fuerzas Armadas y a los pertenecientes a Universidades Nacionales" por los trámites de evaluación y autorización de protocolos de investigación clínica sobre utilización de órganos, tejidos y células para implante en seres humanos.
El argumento del Directorio del INCUCAI es que el desarrollo de estos protocolos "requiere financiamiento o patrocinio para garantizar su implementación, seguimiento y control", por lo que "resulta oportuno proceder a la derogación de la referida excepción". En otras palabras, ahora todos los establecimientos, sin importar si son públicos o privados, deberán pagar los aranceles correspondientes. Esta medida, que entra en vigencia al día siguiente de su publicación, podría significar un obstáculo económico adicional para la investigación en trasplantes que se realiza en el ámbito público, que ya suele operar con presupuestos ajustados.
¿Cómo te afecta? Si bien el objetivo declarado es asegurar el financiamiento de la investigación, la eliminación de esta excepción podría ralentizar o encarecer los estudios en el sector público. Esto, a su vez, podría impactar en el avance de tratamientos y técnicas de trasplante que, en última instancia, benefician a la sociedad. La comunidad científica y los hospitales públicos deberán recalcular sus costos y buscar nuevas fuentes de financiamiento para mantener el ritmo de investigación, en un contexto donde cada peso cuenta.
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