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La Comisión Arbitral ratificó la extensión de plazos para la declaración jurada de Ingresos Brutos (SIFERE) de noviembre, tras los problemas de conectividad que dejaron a miles de contribuyentes en jaque.
¡Increíble pero real! La Comisión Arbitral del Convenio Multilateral ha lanzado una tabla de salvación para miles de contribuyentes que, en noviembre pasado, estuvieron al borde del abismo fiscal. Mediante la Resolución General N° 25/2025, se ha ratificado la Disposición de Presidencia N° 15/2025, una medida de emergencia que extendió los plazos para la presentación y pago del anticipo 10/2025 del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB), operado a través del sistema SIFERE.
¿El motivo de este indulto? Un apagón masivo de internet que, entre el 14 y el 19 de noviembre de 2025, paralizó las operaciones online de innumerables empresas. Los proveedores de internet fallaron, y con ellos, la posibilidad de cumplir en término con el fisco. Ante esta situación de fuerza mayor, la Presidencia de la Comisión Arbitral actuó rápido, moviendo los vencimientos originalmente fijados para esos días hasta el jueves 20 de noviembre de 2025.
“Se verificaron inconvenientes por problemas en proveedores de internet ajenos a la organización que afectaron el normal funcionamiento del servicio e imposibilitaron la presentación y pago de las declaraciones juradas...”, argumenta la resolución, dejando en claro que la culpa no fue de los contribuyentes.
Esta ratificación trae un alivio y seguridad jurídica inmensos para quienes se vieron afectados. Imaginen el estrés de no poder cumplir por una falla técnica externa, y la amenaza de multas y recargos. La medida, si bien específica para un evento pasado, sienta un precedente importante: el fisco puede ser flexible ante situaciones extraordinarias que escapan al control del contribuyente.
Para la sociedad, esto demuestra una capacidad de respuesta administrativa ante crisis tecnológicas. Para las empresas, significa que, en ciertas ocasiones, las autoridades pueden comprender y actuar para mitigar impactos negativos no deseados. Es un recordatorio de que, incluso en el rígido mundo impositivo, hay lugar para la excepcionalidad. Los contribuyentes pueden respirar tranquilos: por esta vez, el caos digital no se tradujo en un castigo fiscal.
