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Un decreto presidencial prohíbe el uso de imágenes, nombres o símbolos de funcionarios en obras públicas y espacios del Estado, buscando eliminar el 'proselitismo' y la 'apropiación indebida' de recursos. La medida apunta a una administración "neutral" y sin personalismos.
El Presidente de la Nación ha firmado el Decreto 1084/2024, una medida que busca ponerle un freno a la "abusiva práctica" de la promoción personal de funcionarios y agrupaciones políticas en el ámbito estatal. A partir de ahora, queda prohibida la exhibición, colocación o difusión de imágenes, símbolos u otras referencias personales que puedan interpretarse como "propaganda política partidaria o de culto a la personalidad política" en edificios, obras públicas, monumentos y cualquier bien perteneciente al Estado Nacional.
La normativa va más allá: establece que no se podrán denominar bienes públicos con nombres de personalidades políticas antes de transcurridos DIEZ (10) años desde su fallecimiento o desaparición física. Además, se veta la posibilidad de honrar a "personas que hayan ejercido funciones como Autoridades Nacionales, Provinciales o Municipales mediante actos de fuerza contra el Orden Constitucional y el Sistema Democrático".
El decreto también prohíbe explícitamente a los funcionarios públicos "utilizar recursos o bienes del dominio público o privado del ESTADO NACIONAL con la finalidad de promocionar, celebrar, conmemorar u homenajear su propia imagen, ideología, afiliación política, partido político o cualquier atributo personal". Se busca garantizar la neutralidad de la administración pública y evitar que la acción estatal se confunda con la de una persona o partido político.
Esta medida, que el Gobierno fundamenta en la Ley de Ética Pública N° 25.188 y en los "principios republicanos", es un claro mensaje contra el clientelismo y la utilización de recursos públicos con fines proselitistas. La administración actual busca "restablecer la confianza en las instituciones" y "consolidar los principios de transparencia y ética en la gestión pública".
Para el ciudadano, significa que las obras y espacios públicos deberían estar libres de la "imposición forzada a la memoria colectiva" de nombres o imágenes de políticos de turno. El decreto incluso habilita a cualquier ciudadano a denunciar violaciones a estas disposiciones a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD), sin costo. La violación de estas prohibiciones por parte de un funcionario será considerada una infracción grave.
"La propaganda institucional se ha desvirtuado y utilizado para promover la imagen personal del funcionario de turno en lugar de centrarse en la difusión de información de interés público, convirtiéndose en meros actos de proselitismo político."
Esta normativa promete generar un cambio cultural en la forma en que se comunica la gestión pública y busca despersonalizar la figura del funcionario en favor de la institución.
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