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La Jefatura de Gabinete ajusta los anexos de cinco resoluciones previas, un movimiento técnico que podría tener implicancias más profundas. ¿Qué hay detrás de estas enmiendas que modifican la letra chica de la gestión?
La Jefatura de Gabinete de Ministros de la Ciudad de Buenos Aires ha vuelto a mover sus fichas en el tablero administrativo, publicando dos resoluciones (N° 56/SECD/26 y N° 57/SECD/26) que modifican los Anexos I de un total de cinco resoluciones anteriores. Específicamente, la Resolución N° 56/SECD/26 impacta sobre las Resoluciones N° 12-SECD/26, N° 15-SECD/26, N° 30-SECD/26 y N° 36-SECD/26, mientras que la Resolución N° 57/SECD/26 modifica la Resolución N° 11-SECD/26.
Estos cambios, que a primera vista parecen meramente técnicos o procedimentales, son cruciales porque los anexos suelen contener los detalles finos y la implementación práctica de las políticas públicas. Una modificación en un anexo puede alterar desde requisitos para trámites hasta especificaciones técnicas de proyectos o la asignación de responsabilidades.
Aunque el texto no detalla el contenido de las modificaciones, la recurrencia de estos ajustes sugiere una constante revisión y adaptación de los marcos normativos internos. ¿Se trata de correcciones de errores? ¿O de ajustes estratégicos para alinear la normativa con nuevas directrices políticas? Sin acceso al contenido de los anexos, el impacto real de estas resoluciones permanece en las sombras.
"Modificar anexos es como cambiar las reglas del juego en medio del partido, pero solo la letra chica. Los ciudadanos y las empresas deberían estar atentos a estos detalles, ya que pueden afectar sus interacciones con el Estado", advirtió un experto en derecho administrativo.
Es vital que las autoridades proporcionen mayor claridad sobre la naturaleza y el alcance de estas enmiendas para garantizar la transparencia y la seguridad jurídica. Para aquellos interesados en desentrañar estos misterios, el seguimiento de las resoluciones originales y sus anexos es el único camino.
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