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El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria elimina códigos arancelarios buscando eficiencia y menos burocracia. ¿Es el fin de los costos ocultos para productores o un ajuste administrativo sin gran impacto?
¡Noticia bomba para el campo argentino! El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), ese organismo que tantos dolores de cabeza y gastos genera a los productores, acaba de anunciar una medida que promete aliviar la carga burocrática y económica. Mediante la Resolución 116/2024 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, se dispuso la supresión de varios códigos arancelarios correspondientes a servicios que el SENASA presta a terceros.
La decisión, que entra en vigencia inmediatamente, afecta a diversas direcciones nacionales del SENASA, como Sanidad Animal, Protección Vegetal e Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. El objetivo declarado es "incrementar su eficiencia y operatividad" y, sobre todo, alinearse con las políticas de desregulación del Estado Nacional establecidas en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) Nº 70 del 20 de diciembre de 2023.
"Dejar sin efecto toda exigencia normativa que distorsione los precios de mercado, impida la libre iniciativa privada o evite la interacción espontánea de la oferta y de la demanda."
Esta cita del DNU 70/2023 es el faro que guía la decisión. En la práctica, la supresión de estos aranceles podría significar una reducción de costos para productores, exportadores y empresas que dependen de los servicios del SENASA para sus operaciones. Es un respiro económico que, aunque el texto no detalla los montos específicos, se inscribe en una clara tendencia de achicar la intervención estatal y favorecer la actividad privada.
Desde el gobierno aseguran que esta medida "no limita la capacidad de respuesta del citado Servicio Nacional para dar cumplimiento a sus misiones y funciones", es decir, que la sanidad y calidad agroalimentaria no se verán comprometidas. Sin embargo, la ausencia de un listado detallado de los aranceles eliminados en la resolución pública (se remite a un anexo web) deja a los interesados con la tarea de investigar el impacto real en sus bolsillos. Para el ciudadano de a pie, esta es una señal más de que el gobierno busca simplificar trámites y reducir costos en un sector clave de la economía, aunque siempre con la lupa puesta en los resultados.
