Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
El INCAA ajusta el valor de una película de presupuesto medio a $600 millones y deroga artículos que otorgaban incentivos adicionales, generando un sismo en la industria cinematográfica nacional.
El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) ha sacudido la industria cinematográfica argentina con su Resolución 95/2026, que introduce cambios drásticos en la política de fomento. La medida más resonante es la duplicación del costo de una película nacional de presupuesto medio, que pasa de $300.000.000 a la impactante cifra de $600.000.000, con carácter retroactivo al 1 de septiembre de 2025. Sin embargo, la noticia no termina allí, y para muchos, el sabor es agridulce.
Si bien el aumento del costo de referencia podría parecer un alivio para los productores frente a la inflación, la resolución también trae consigo un recorte significativo en ciertos programas de apoyo. Se mantienen los topes de subsidio por otros medios de exhibición: el 100% del costo de producción reconocido por el INCAA, con un máximo del 43% para animación, 34% para ficción y 17% para documental del costo de una película nacional de presupuesto medio. Esto implica que, aunque el costo de referencia suba, los porcentajes de subsidio se mantienen, lo que podría no reflejar un aumento real en el apoyo efectivo.
La parte más controversial de la resolución es la derogación de los artículos 4º, 6º y 7º de la Resolución INCAA Nº 485/2022. Estos artículos establecían incentivos adicionales para producciones que cumplían con criterios específicos vinculados a la perspectiva de género y la radicación territorial. La eliminación de estos esquemas accesorios, según el INCAA, busca "unificar criterios, garantizar reglas claras y homogéneas para todos los productores y optimizar la gestión administrativa del Organismo". Sin embargo, para muchos, esto representa un retroceso en las políticas de fomento a la diversidad y la federalización de la producción audiovisual, centralizando aún más las decisiones sobre qué tipo de cine se produce y dónde. Es un golpe directo a la pluralidad de voces y a las producciones que buscaban romper con los esquemas tradicionales.
