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La Secretaría General de la Presidencia de la Nación, el corazón administrativo del poder, registra una serie de movimientos de personal: una renuncia en la Unidad Médica Presidencial y dos designaciones transitorias en áreas clave. La gestión interna sigue su curso, entre ajustes y reacomodamientos.
El pulso burocrático de la Casa Rosada no se detiene. La Secretaría General de la Presidencia de la Nación ha formalizado varios cambios en su estructura de personal, reflejando la dinámica constante de la administración pública. Estos movimientos, aunque administrativos, son el engranaje que permite el funcionamiento diario del Estado.
Por un lado, se ha aceptado la renuncia del doctor Ricardo Francisco SOLLA (D.N.I. N° 14.015.386), quien se desempeñaba como Médico Asistente de la Unidad Médica Presidencial. Su salida, efectiva desde el 1 de enero de 2025, se da sin objeciones y con la instrucción de proceder al pago de su liquidación final. Una salida que, si bien es un trámite, no deja de ser un eslabón menos en el equipo de salud presidencial.
Además, se realizaron dos designaciones transitorias que buscan cubrir puestos estratégicos. El licenciado Gabriel Adrián FRASSO (D.N.I. N° 17.125.519) fue asignado transitoriamente como Delegado de Recursos Humanos de la CASA MILITAR de la Secretaría General, a partir del 1 de noviembre de 2024. Este cargo, clave para la gestión del personal militar que asiste a la Presidencia, tendrá una cobertura máxima de tres años. Por su parte, la licenciada Melina Carla LOMBARDO (D.N.I. N° 26.348.949) fue designada, también de forma transitoria por 180 días hábiles, como Coordinadora de Control Operativo en la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos, con vigencia desde el 2 de diciembre de 2024. Su rol será vital para la eficiencia de la logística y el mantenimiento de la residencia oficial.
Si bien estos son movimientos de rutina en la alta administración, reflejan la continuidad de la gestión estatal y la necesidad de mantener en funcionamiento los engranajes del poder ejecutivo. Para el ciudadano común, estos cambios no tienen un impacto directo, pero son un recordatorio de cómo se organiza y reestructura internamente el aparato estatal para llevar adelante sus funciones. La Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública ha intervenido, lo que sugiere un enfoque en la eficiencia y la adecuación de las estructuras a las políticas actuales.
