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La provincia de Buenos Aires avanza con la Revisión Tarifaria Integral de la energía eléctrica y le exige a una cooperativa de Carmen de Areco una deuda sideral de casi 2 mil millones de pesos, amenazando con acciones judiciales.
El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires (MIYSPGP) no se anda con chiquitas y sacude al sector energético con dos medidas de alto impacto. Por un lado, la Resolución N° 136-MIYSPGP-2026 aprueba una etapa clave de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) para el servicio de distribución de energía eléctrica. ¡Ojo que esto huele a aumentos en la boleta!
Este proceso, que cuenta con la consultoría de la prestigiosa Facultad de Derecho de la UBA (a través del CEARE), busca definir la valuación de activos, el valor neto de reposición y, en última instancia, el requerimiento de ingresos de las distribuidoras. En criollo: cuánto necesitan ganar las empresas y cómo eso se traduce en el precio que pagamos los usuarios.
Pero la bomba no termina ahí. La Resolución N° 138-MIYSPGP-2026 le cae con todo a la “Cooperativa Eléctrica y de Crédito Limitada de Carmen de Areco”, determinando una deuda escalofriante de $1.936.843.536,22 por no ingresar los "agregados tarifarios" al Fideicomiso de Inversiones en Transporte de la Provincia de Buenos Aires (FITBA). ¡Casi dos mil millones de pesos que la cooperativa recaudó de los usuarios y no depositó!
La situación es crítica: la cooperativa ya cedió créditos por $500.000.000 para paliar parte de la deuda, pero el resto sigue pendiente. La provincia le da un plazo excepcional y perentorio de 10 días hábiles para adherirse a un plan de regularización de hasta 48 cuotas. Si no lo hace, Provincia Fideicomisos SAU deberá iniciar acciones judiciales, y la resolución se convierte en título ejecutivo. Esto sienta un precedente durísimo para otras distribuidoras que puedan estar en falta.
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