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Una ola de disoluciones, transformaciones y reasignaciones sacude al transporte, agricultura e industria, con la mira puesta en un Estado más chico, pero con polémicas excepciones judiciales que frenan parte de la avanzada.
El Boletín Oficial de hoy es un verdadero campo de batalla burocrático, donde el Gobierno Nacional materializa una de sus promesas más audaces: la reorganización y achicamiento del Estado. El Decreto 585/2025, un texto denso pero explosivo, detalla una serie de medidas que impactan directamente en la vida de miles de argentinos y en sectores estratégicos.
Entre las decisiones más resonantes, se confirma la disolución de la COMISIÓN NACIONAL DEL TRÁNSITO Y LA SEGURIDAD VIAL (CNTSV), la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL (ANSV) y el INSTITUTO NACIONAL DE LA AGRICULTURA FAMILIAR, CAMPESINA E INDÍGENA (INAFCI), organismos que dejan de existir como los conocíamos. Sus funciones y, en algunos casos, su personal, son transferidos directamente a las Secretarías del Ministerio de Economía, buscando una centralización de poder y una supuesta mayor eficiencia. La AGENCIA REGULATORIA DE LA INDUSTRIA DEL CÁÑAMO Y DEL CANNABIS MEDICINAL (ARICCAME) también es disuelta, y sus responsabilidades se dividen entre el Ministerio de Economía (para el cáñamo industrial) y la ANMAT (para el cannabis medicinal), una movida que redefine el futuro de una industria naciente.
La COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE (CNRT) se transforma en la rimbombante AGENCIA DE CONTROL DE CONCESIONES Y SERVICIOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE, y la JUNTA DE SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE ahora es la AGENCIA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE AVIACIÓN. Además, el INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA (INV) y el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (INTA) pasan de ser organismos descentralizados a desconcentrados dentro de la órbita de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Lo mismo ocurre con el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), ahora desconcentrado bajo la Secretaría de Industria y Comercio. Este cambio, aunque técnico, implica una mayor injerencia directa del poder central en su funcionamiento y decisiones.
Pero no todo es un camino de rosas para la reforma. El decreto se ve obligado a reconocer medidas cautelares que frenan la disolución total de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (DNV) y las modificaciones en el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI), demostrando que la Justicia aún tiene voz en este proceso. En medio de este vendaval, surge una novedad curiosa: la creación de la AGENCIA DE PROGRAMAS DE CIUDADANÍA POR INVERSIÓN, un organismo descentralizado que se dedicará a diseñar y gestionar programas de ciudadanía por inversión, abriendo la puerta a posibles esquemas para atraer capital extranjero a cambio de residencia o nacionalidad, una medida que ya genera debate.
En síntesis, el Gobierno avanza con su plan de redefinir la arquitectura estatal, buscando una Administración Pública más ágil y con menos organismos autárquicos. Sin embargo, los desafíos judiciales y la complejidad de las transiciones prometen un camino lleno de escollos y polémicas.
19 de agosto de 2025
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19 de febrero de 2026