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El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) deroga resoluciones que crearon áreas esenciales, readecuando su estructura organizativa funcional en un contexto de reorganización estatal y fuerte debate sobre las políticas hacia los pueblos originarios.
En un movimiento que seguramente generará gran controversia, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), a través de la Resolución 123/2024, ha decidido DEJAR SIN EFECTO una serie de resoluciones (desde la N° 82/2020 hasta la N° 70/2021) que crearon diferentes áreas en la órbita de la Dirección de Afirmación de Derechos Indígenas y de la Presidencia del Instituto. Esta medida, que busca la "reorganización del Sector Público Nacional" para lograr "mayor economía, eficiencia, eficacia y racionalización", implica una readecuación de la estructura organizativa funcional de la Dirección de Afirmación de Derechos Indígenas.
El INAI, que recientemente pasó de la órbita del Ministerio de Justicia a la Jefatura de Gabinete de Ministros, y ahora bajo la Vicejefatura de Gabinete del Interior, está en el ojo de la tormenta. La derogación de estas resoluciones podría significar el desmantelamiento o la profunda modificación de programas y equipos dedicados a la afirmación de los derechos de los pueblos indígenas, como el relevamiento territorial de comunidades. En un país con una rica diversidad cultural y donde los derechos indígenas son un tema central, esta "readecuación" genera preocupación sobre el futuro de las políticas públicas destinadas a estas comunidades. Los anexos con los detalles específicos de las áreas afectadas no se publican, lo que añade un manto de opacidad a una decisión que impacta directamente en la protección y promoción de los derechos de los pueblos originarios.
