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Una Acordada explosiva revela una profunda grieta interna en el Tribunal Fiscal de la Nación, con acusaciones de 'orfandad jurídica' y un choque frontal sobre la rotación de cargos clave y la validez de los dictámenes legales. ¿El Derecho o la conveniencia?
La "Acordada 2/2025" del Tribunal Fiscal de la Nación ha desnudado una feroz interna que sacude los cimientos del organismo encargado de dirimir controversias fiscales. El epicentro del sismo: la rotación anual de los 'Vocales Contadores' y la naturaleza de las decisiones administrativas versus las jurisdiccionales.
En un plenario cargado de tensión, la mayoría de los vocales decidió mantener en sus puestos a los subrogantes actuales, eludiendo la rotación prevista en el artículo 5° de su propio Reglamento. Argumentaron que el reemplazo anual resultaría "inoficioso" dadas las circunstancias y la composición funcional del cuerpo. Una postura que, para la minoría, es un golpe bajo a la juridicidad.
El Dr. Miguel Nathan Licht, junto a Garbarino, Sarquis y Juárez, lanzó un voto disidente incendiario, calificando la decisión mayoritaria como una "orfandad absoluta en materias esenciales de Derecho Administrativo" y una "desmemoria institucional". Su argumento es contundente: el Plenario, al decidir sobre subrogancias, actúa administrativamente y, por ende, debe someterse a la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (LNPA), que exige un dictamen jurídico previo y el estricto cumplimiento de las normas.
"Cuestionar su existencia es confundir la libertad con la licencia, la autonomía con el capricho, la función jurisdiccional con el voluntarismo administrativo", sentenció Licht, denunciando la "arrogancia del desconocimiento" de quienes reprocharon al Presidente por pedir asesoramiento legal.
La Acordada expone una batalla campal sobre la interpretación de la ley, la autonomía de los órganos y el rol de los dictámenes jurídicos, citando incluso precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Mientras la mayoría opta por la flexibilidad interna, la minoría clama por el rigor procedimental y la transparencia. ¿Podrá el Tribunal Fiscal sanar esta profunda herida institucional?
