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En un movimiento de "racionalización", el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas revoca resoluciones que crearon unidades operativas, generando incertidumbre sobre el futuro de las políticas públicas para comunidades originarias.
El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) ha emitido una Resolución 123/2024 que ha encendido las alarmas en las comunidades originarias y organizaciones de derechos humanos. El organismo ha decidido dejar sin efecto una serie de resoluciones anteriores (desde 2020 a 2021) que habían creado diversas áreas en la órbita de la Dirección de Afirmación de Derechos Indígenas y la Presidencia del Instituto.
Este "tijerazo" se justifica en la búsqueda de "mayor economía, eficiencia, eficacia y racionalización de sus estructuras administrativas" dentro del Sector Público Nacional. En la práctica, implica una readecuación profunda de la estructura organizativa funcional de la Dirección de Afirmación de Derechos Indígenas, una dirección fundamental para la implementación de políticas públicas destinadas a los pueblos originarios, tal como lo establece la Ley N° 23.302.
¿Qué implicancias tiene esta "racionalización"? El INAI, un organismo descentralizado, ha estado en el centro de la escena por cambios en su órbita (ahora bajo la Jefatura de Gabinete). Esta medida podría ser interpretada como un adelgazamiento del Estado en un área sumamente sensible. Las áreas suprimidas eran responsables de la afirmación de derechos, el relevamiento territorial y la promoción de la participación indígena. Esto genera una enorme preocupación por el posible retroceso en la protección y promoción de los derechos de los pueblos originarios.
Para las comunidades, la desarticulación de estas áreas se traduce en una mayor vulnerabilidad y una incertidumbre sobre la continuidad de programas esenciales. La falta de detalles sobre qué reemplazará a estas áreas eliminadas deja un manto de dudas sobre la capacidad futura del INAI para cumplir con su mandato legal y constitucional. Es urgente que el gobierno aclare cómo se garantizará la continuidad de estas políticas fundamentales y si esta "reorganización" no terminará desprotegiendo a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad argentina.
