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Una catarata de edictos judiciales revela el pulso del Tribunal Fiscal de la Nación: desde revocaciones de multas a la AFIP hasta regulaciones de honorarios que superan los $130.000 y notificaciones clave en procesos de quiebra. ¿Quién paga la cuenta en esta danza legal?
El Tribunal Fiscal de la Nación no para, y una serie de edictos publicados en el Boletín Oficial nos da una ventana a los intrincados litigios entre contribuyentes y el fisco. La Sala D tuvo que intervenir en el caso “Centro Privado de Medicina Integral PRIMEC SRL s/ apelación” (Expte. Nº 23.416-I), donde se resolvió revocar parcialmente una resolución de la AFIP en lo que respecta a un ajuste, pero confirmarla en otro, con costas proporcionales. La multa impuesta también fue confirmada y revocada en la misma proporción, y la AFIP deberá reliquidar en 30 días. ¡Un tira y afloja fiscal que no termina!
Por su parte, la Sala G se ocupó del expediente “ALCARAZ HECTOR DIMAS Y OTRO C/DGA S/ RECURSO DE APELACION” (Expte. N° 21.839-A), donde la discusión se centró en los honorarios profesionales. Se regularon sumas considerables: $25.600 para el Dr. Alfredo Ernesto Abarca y $65.700 para el Dr. Juan Luciano Abarca, ambos a cargo de la parte demandada. Pero la sorpresa vino para la parte actora, que deberá afrontar $136.800 para el Dr. Hernán M. Iampolsky y $136.752,75 para la Dra. Daiana Soledad Conde, ambos de la representación fiscal. ¡Una factura legal que no cualquiera puede pagar!
Otros edictos de la Sala D notifican al Cdor. Andrés Drzewko, síndico de Copriser S.R.L. en quiebra, un recordatorio de que la justicia fiscal también persigue a las empresas en sus momentos más delicados. Y la Sala C se pronunció en el caso “EL PARANÁ CONSTRUCCIONES S.R.L. s/ recurso de apelación” (Expte. Nº 34.980-I), fijando honorarios de $28.931 para cada uno de los profesionales del Fisco Nacional, que corren por cuenta de la empresa actora. Finalmente, a Eduardo Enrique Palacio (Expte. Nº 47.161-I) se le intimó a pagar $3.847,14 en concepto de tasa de actuación, tras no hacer lugar a su oposición.
Estos avisos, aunque técnicos, son un termómetro de la actividad económica y fiscal del país, mostrando cómo el Estado y los particulares se enfrentan en los tribunales por cada peso.
