Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
La Secretaría de Transporte lanza una 'Instancia de Participación Ciudadana' relámpago para que los usuarios opinen sobre la modificación de las tarifas de colectivos. ¿Escuchará el Gobierno o es un mero formalismo antes del tarifazo?
En un movimiento que despierta tanto expectativa como escepticismo, la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía acaba de anunciar la apertura de una "Instancia de Participación Ciudadana" para debatir el proyecto de modificación de los cuadros tarifarios del transporte por automotor de pasajeros urbano y suburbano de Jurisdicción Nacional. La Resolución 8/2026 busca cumplir con el mandato constitucional de garantizar la participación de los usuarios, pero el formato y los plazos ya generan polémica.
Los ciudadanos tendrán apenas tres (3) días hábiles administrativos, contados a partir de las 12:00 hs del día de la publicación de la resolución, para expresar sus opiniones y propuestas a través del sitio web oficial. Con un límite de 5000 caracteres y la posibilidad de adjuntar documentos, la iniciativa promete un espacio de "deliberación", aunque con una advertencia clave: las opiniones no tienen carácter vinculante.
"Esto es un 'déjà vu' de audiencias públicas que terminan siendo un mero trámite. Los usuarios tienen derecho a ser escuchados, pero la celeridad y el carácter no vinculante de la consulta siembran dudas sobre el impacto real que tendrán sus voces en la decisión final", critica un referente de asociaciones de consumidores.
La medida se ampara en la modificada Ley de Procedimiento Administrativo 19.549 y en la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos N° 27.742, que flexibilizan los mecanismos de participación ciudadana. El Gobierno, a través del Decreto 830/2024, ya había establecido que la Secretaría de Transporte es la autoridad de aplicación para los servicios de transporte automotor de pasajeros, lo que le otorga un poder considerable en la fijación de tarifas.
Mientras los usuarios se preparan para el posible impacto en sus bolsillos, la pregunta en el aire es si este proceso será una verdadera escucha o simplemente una formalidad para justificar decisiones ya tomadas. ¡El reloj corre y los ciudadanos tienen poco tiempo para hacer oír su voz antes de que el nuevo tarifazo sea una realidad!
