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La Aduana riojana lanza una advertencia final a una decena de personas vinculadas a cargamentos millonarios de contrabando, desde indumentaria hasta hoja de coca. Tienen diez días para presentarse o perderlo todo, en un golpe contundente contra el comercio ilícito.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero de La Rioja ha emitido un aviso oficial que retumba como un ultimátum en el mundo del comercio ilegal. Una lista de diez individuos ha sido citada para presentarse en un plazo perentorio de diez días hábiles a la Zona Primaria Aduanera, ubicada en el Parque Industrial de la capital riojana. ¿El motivo? La verificación y aforo de mercadería que les fue secuestrada, conforme al artículo 1094 inciso b) del Código Aduanero.
Este movimiento no es menor. Se trata de un fuerte golpe al contrabando, donde la Aduana busca poner en blanco sobre negro la situación de cargamentos valorados en millones de pesos. La lista de artículos incautados es tan variada como polémica, destacándose la presencia de hoja de coca, un producto con un valor de plaza de más de $376.000, junto a grandes volúmenes de indumentaria, calzado, juguetes y artículos electrónicos. El monto total de la mercadería secuestrada a estas diez personas asciende a la impactante cifra de más de $7.4 millones de pesos.
La notificación es clara: si los citados no se presentan en el plazo establecido, la Aduana tendrá por confirmadas las verificaciones y aforos ya realizados, y lo que es más crucial, perderán todo derecho a reclamar sobre el resultado de las mismas. En otras palabras, la mercadería será considerada definitivamente en manos del Estado, sin posibilidad de recuperarla o discutir su valuación.
Este tipo de acciones refuerza el control estatal sobre las fronteras y el comercio, buscando desalentar las actividades ilícitas que evaden impuestos y compiten deslealmente con el comercio formal. Para el ciudadano común, es una señal de que el Estado sigue activo en la lucha contra el contrabando, aunque el impacto directo sea sobre los involucrados y las empresas del sector minorista que pueden verse afectadas por la competencia desleal.
1 de julio de 2025
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