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La Subsecretaría de Energía Eléctrica vuelve a prorrogar por 30 días el plazo para que las distribuidoras regularicen sus obligaciones con CAMMESA y el MEM. ¿Es un respiro vital o una patada para adelante?
En un movimiento que genera más preguntas que certezas, el Ministerio de Economía, a través de la Subsecretaría de Energía Eléctrica, ha extendido por tercera vez el plazo para que las distribuidoras de energía eléctrica se pongan al día con sus deudas millonarias ante la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA) y el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). La Disposición 3/2025 otorga TREINTA (30) días corridos adicionales, a partir de su publicación, para la suscripción de los acuerdos de regularización.
Este régimen especial de pago y crédito fue establecido inicialmente por el Decreto N° 186 del 12 de marzo de 2025, buscando sanear las finanzas del sector eléctrico. Sin embargo, las distribuidoras, que incluyen a empresas y cooperativas de todo el país, han demostrado dificultades para cumplir con los requisitos y la documentación en los plazos originales. La primera extensión fue de 30 días en abril (Disposición N° 1/2025), luego otra en julio (Disposición N° 2/2025), y ahora esta nueva prórroga en agosto.
La medida, aunque parece un mero trámite administrativo, tiene profundas implicaciones. Por un lado, busca evitar un colapso financiero en el eslabón de la distribución, garantizando la continuidad del servicio. Por otro, la constante dilación en la regularización de estas deudas podría interpretarse como una señal de la fragilidad económica de algunas empresas o de la ineficacia de los mecanismos de cobro. Si las distribuidoras no logran sanear sus cuentas, el costo de esta ineficiencia podría terminar recayendo, directa o indirectamente, en los usuarios finales a través de futuros aumentos tarifarios o subsidios encubiertos. La Subsecretaría justifica la extensión aduciendo que "algunas Distribuidoras y/o Cooperativas... aún se encuentran produciendo la documentación necesaria para cumplimentar los requisitos de fondo".
"La postergación de los plazos es una muestra de la complejidad de la situación financiera del sector y la necesidad de un abordaje integral que no solo se limite a extensiones temporales."
Es crucial que los ciudadanos se mantengan informados sobre el cumplimiento de estos acuerdos, ya que la salud financiera del sistema eléctrico es un pilar fundamental para la estabilidad económica y social del país. La Secretaría de Energía y el Ministerio de Economía tienen la pelota, y el tiempo corre.
