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La DNV aprueba los informes de cierre de las audiencias públicas para la "Red Federal de Concesiones - Etapa II", confirmando la continuidad del polémico plan de privatización de rutas clave y peajes.
La Dirección Nacional de Vialidad (DNV), bajo la órbita del Ministerio de Economía, acaba de dar un paso gigante en la reconfiguración de la infraestructura vial del país. Mediante la Resolución 1136/2025, se aprobaron los Informes de Cierre de las Audiencias Públicas para la esperada "Red Federal de Concesiones (RFC) - Etapa II". Esto significa que el polémico plan para licitar la concesión por peaje de tramos clave de la Red Vial Nacional, que incluye rutas como la N° 3, 5, 7, 8, 9, 33, 35, 36, 188, 193, 205, 226, A-005, A-008, Au. Ezeiza-Cañuelas, Au. Newbery y Au. Riccheri, sigue adelante.
El Gobierno, amparado en la "Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos" N° 27.742, busca reducir el sobredimensionamiento estatal, disminuir el déficit y transparentar el gasto. El Decreto DECTO-2025-97-APN-PTE ya había establecido la licitación de estos tramos bajo la modalidad de concesión por peaje para su construcción, explotación, administración y mantenimiento.
Las audiencias públicas, realizadas en junio de 2025 en San Miguel del Monte, Junín y San Nicolás, generaron un intenso debate. Con cientos de participantes (162 en la primera, 182 en la segunda y 137 en la tercera) entre presenciales y virtuales, se recabaron "consultas y/o propuestas diversas". Si bien estas opiniones no son vinculantes, la autoridad convocante debe considerarlas y fundamentar sus desestimaciones. La DNV ya dio intervención a la Gerencia Ejecutiva de Planeamiento y Concesiones para analizar todos los planteos.
"La formalización de esta operación requiere que la REPÚBLICA ARGENTINA, en su carácter de Prestataria y por intermedio del MINISTERIO DE ECONOMÍA, suscriba el Convenio de Préstamo BIRF 9823-AR, así como toda otra documentación relacionada con la operatoria de dicho préstamo."
Esta medida es un claro reflejo de la política de desregulación y privatización que impulsa el gobierno. Para los ciudadanos, esto podría significar rutas mejor mantenidas y servicios de mayor calidad, pero a la vez, la proliferación de peajes y el posible aumento de tarifas. Las empresas constructoras y de servicios viales, por otro lado, ven una oportunidad de oro para la inversión y la expansión. La implementación de la "Red Federal de Concesiones" promete un cambio radical en cómo nos movemos por el país, con un fuerte impacto en los costos logísticos y de transporte.
22 de enero de 2026
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5 de febrero de 2026