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Un ex-soldado VGM logra que se le reconozca parcialmente la retroactividad de su pensión graciable. Tras años de litigio, el Estado retrocede dos años la fecha de cobro, evitando un juicio millonario.
En un giro que podría sentar precedente, el Gobierno Nacional, a través del Decreto 199/2026, ha hecho lugar parcialmente al recurso jerárquico interpuesto por el ex Soldado Conscripto Víctor Hugo ROMERO (DNI 16.393.859). Romero, Veterano de Guerra de Malvinas, había impugnado una resolución del Ministerio de Defensa que le otorgaba su pensión graciable (Ley N° 24.310) a partir del 1° de septiembre de 2023, cuando él alegaba que debía ser abonada con retroactividad al 24 de enero de 1994.
La decisión presidencial, publicada hoy, reconoce el pago del beneficio retroactivo al 1° de septiembre de 2021. Esto implica un avance significativo para el excombatiente, aunque no alcanza la totalidad de su reclamo inicial. La clave de esta medida radica en la aplicación del artículo 2562 del Código Civil y Comercial de la Nación, que establece un plazo de prescripción de dos años para este tipo de acciones.
El dictamen jurídico que sustentó la decisión es revelador: buscó "sostener armonía entre los distintos órganos del Estado y la necesidad de ahorrarle al erario los gastos derivados de juicios que se saben perdidos de antemano". Esta frase subraya la estrategia del Estado de evitar litigios prolongados y costosos, basándose en precedentes judiciales como los casos "Lemos José Rodolfo" y "Timpanaro César Oscar".
¿Cómo te afecta esto? Para los ciudadanos comunes, esta resolución es un recordatorio de la persistencia que a veces se necesita para hacer valer derechos frente al Estado. Para otros excombatientes en situaciones similares, este decreto podría abrir una ventana de oportunidad para revisar sus propios casos de retroactividad, aunque siempre bajo la lupa de la prescripción legal. La medida busca un equilibrio entre el reconocimiento a los Veteranos de Malvinas y la gestión prudente de los recursos públicos, agotando la vía administrativa pero dejando abierta la judicial si Romero no se siente satisfecho. Un movimiento que, sin duda, generará ruido en el ámbito de los derechos de los veteranos y la administración pública.
