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La Provincia de Buenos Aires autoriza a la Municipalidad de Malvinas Argentinas a rectificar el modelo de sus cinemómetros fijos. Un insólito problema de stock en los equipos originales desata un nuevo capítulo en la burocracia vial bonaerense, afectando la fiscalización del tránsito.
Dos cooperativas se benefician con $10 millones cada una para fortalecer producción y trabajo, en un impulso estratégico al sector asociativo bonaerense.
El Ministerio de Infraestructura bonaerense lanza una licitación pública para renovar la red de agua potable en Tres Arroyos, una obra clave para la calidad de vida de los vecinos.
Con la firma de la Resolución N° 864/MCGC/26, el Ministerio de Cultura porteño dio luz verde a un contrato de locación de servicios artísticos. ¿Qué implica este movimiento para el circuito cultural y cómo se administran los fondos públicos en un sector tan sensible? Los detalles que nadie te cuenta, ahora a la luz.
El Boletín Oficial confirma la incorporación de nuevos aspirantes al Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires, listos para iniciar su exigente formación y convertirse en los héroes que protegerán a los porteños.
El Ministerio de Cultura aprueba un enigmático contrato de locación de servicios artísticos, desatando interrogantes sobre el destino de los fondos públicos. ¿Quiénes son los beneficiados y cuál es el verdadero costo para los contribuyentes? Un movimiento que reaviva el debate sobre la transparencia en la gestión cultural.
El Ministerio de Ambiente bonaerense transfiere una Estación Meteorológica Automática al Municipio de Hurlingham, clave para la prevención de inundaciones y la gestión de emergencias climáticas en una zona de alto riesgo.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires modifica la cantidad de módulos remunerativos para tres integrantes clave de su personal de gabinete, generando atención en la gestión de recursos públicos.
El IPS revoca la pensión honorífica a Daniel Eduardo Robelo, ex-combatiente de Malvinas condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad, y le reclama millones de pesos.
Un enigmático Decreto N° 24/24 se limita a instruir el registro, comunicación y archivo de un expediente, sin revelar contenido de fondo, dejando a los ciudadanos en la oscuridad sobre su impacto real.