¡Adiós a la Deuda Fantasma! El Gobierno Borra el Lastre de Obras Sanitarias de la Nación y Descomplica la Escrituración

El Gobierno Nacional ha dado un paso trascendental para simplificar la vida de miles de ciudadanos y agilizar el mercado inmobiliario, derogando los artículos 40 y 44 de la Ley N° 13.577, que regulaban las deudas de la extinta Obras Sanitarias de la Nación (OSN). Esta medida, plasmada en el Decreto 1110/2024, es una verdadera "limpieza" burocrática que pone fin a un lastre de más de 30 años.

¿Qué cambió y por qué es importante?

• Fin del Certificado de Deuda de OSN: Hasta ahora, para cualquier transferencia de dominio o constitución de derechos reales sobre un inmueble, era obligatorio solicitar un certificado que constatara la inexistencia de deudas con la ex-OSN. Este trámite, que afectaba a propiedades con servicios anteriores a 1993 (fecha de privatización de OSN), era una fuente de demoras y costos innecesarios.
• Deudas impagables, trámites absurdos: El decreto reconoce que existen más de 29.000 deudas de exusuarios de OSN (por un monto de $82.733.281,82 en 2018), la mayoría de ellas con más de 30 años y sin el respaldo documental necesario para su cobro judicial. La obligación de generar un certificado para deudas de imposible persecución era un sinsentido burocrático que ralentizaba todo el sistema inmobiliario.
• Sin fuerza ejecutiva para deudas viejas: También se deroga el artículo 44, que otorgaba fuerza ejecutiva a las cuentas emitidas por OSN. Esto significa que las deudas históricas que no pudieron ser cobradas en su momento, y que ya están prescriptas según el Código Civil, ya no podrán ser utilizadas para iniciar juicios de ejecución fiscal.

Impacto para ciudadanos y el mercado

Esta decisión es un alivio directo para propietarios y compradores de inmuebles, ya que elimina un trámite engorroso y costoso. La escrituración de propiedades se volverá más ágil y económica, lo que podría tener un efecto positivo en la dinámica del mercado inmobiliario.

El Gobierno justifica la medida en la necesidad de "simplificar los procedimientos" y garantizar "una amplia libertad en la circulación de bienes o servicios", en línea con la "emergencia pública en materia administrativa" declarada por la Ley N° 27.742. Es una declaración de guerra a la burocracia ineficiente y un guiño a la libertad individual y de mercado.

En resumen, se cierra un capítulo de la historia de la privatización de los servicios sanitarios, liberando a la sociedad de un fantasma administrativo que persistía por décadas.