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El Ministerio de Economía eliminó la obligación de someter a una segunda ronda de ensayos a medidores de energía eléctrica ya instalados, buscando desburocratizar el sector y alinear la normativa con las "buenas prácticas". ¿Un alivio para las empresas o un riesgo para los consumidores?
¡Atención, ciudadanos y empresas! El Gobierno dio un paso audaz en su cruzada por la desregulación y simplificación administrativa. Mediante la Resolución 488/2024 de la Secretaría de Industria y Comercio, se derogaron los Artículos 4° y 5° de la Resolución N° 247/19, que exigían una segunda verificación a los medidores de energía eléctrica ya instalados en el país.
Anteriormente, los medidores de energía eléctrica que ya estaban operativos o que se instalaran hasta la entrada en vigencia del "Reglamento Técnico y Metrológico para los Medidores de Energía Eléctrica en Corriente Alterna" debían acreditar una "Aprobación de Modelo de Efecto Limitado". Esto implicaba someterlos a nuevos ensayos, generando un costo y una burocracia considerable para las empresas del sector.
La Secretaría de Industria y Comercio argumenta que esta duplicidad de ensayos es innecesaria, ya que los instrumentos fueron aprobados e instalados bajo la normativa vigente en su momento. La medida se enmarca en las "Buenas Prácticas en materia de simplificación" y busca generar "mejores regulaciones, transparencia, promover el crecimiento económico, la libre competencia, el comercio y la inversión".
Para las empresas eléctricas, fabricantes e importadores, esta derogación representa un alivio significativo en términos de costos y tiempos administrativos. Se elimina un paso burocrático que, según el Gobierno, no aportaba un valor real a la seguridad metrológica, ya que no existían registros de solicitudes para dicho ensayo.
Para los consumidores, la implicación puede ser doble. Por un lado, una menor burocracia para las empresas podría traducirse en eficiencias que, indirectamente, beneficien los costos. Por otro lado, podría surgir la pregunta sobre la confianza en la precisión de los medidores si se eliminan controles. Sin embargo, el argumento oficial es que los medidores ya cumplieron con la normativa original, y esta medida apunta a la agilidad sin comprometer la calidad.
En definitiva, esta resolución marca un rumbo claro hacia un Estado menos intervencionista en los controles que considera redundantes, apostando a la eficiencia y la reducción de trabas para el sector privado.
