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En un giro audaz, el gobierno eliminó el Sistema Estadístico de Importaciones (SEDI) y gran parte del Padrón de Deuda Comercial, liberando el comercio exterior y buscando alinear a Argentina con los principios de la OMC. La medida promete simplificar el ingreso de bienes al país.
El Ejecutivo nacional ha dado un golpe de timón rotundo en materia de comercio exterior, desmantelando sistemas clave de control a las importaciones que generaban constantes dolores de cabeza a empresarios y comerciantes. La Resolución General Conjunta 5651/2025, firmada por la AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO (ARCA) y la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, abroga la Resolución General Conjunta N° 5.429/23 y deroga los artículos 1° a 9°, 13 y 14 de la Resolución General Conjunta N° 5.466/23, que había creado el polémico “Sistema Estadístico de Importaciones (SEDI)” y el “Padrón de Deuda Comercial por Importaciones con Proveedores del Exterior”.
Esta decisión, que entra en vigencia al día siguiente de su publicación, implica el fin de la información anticipada para fines estadísticos que se exigía a los importadores. Las declaraciones ya registradas a través del SEDI quedan, de hecho, sin efecto. El gobierno argumenta que estos sistemas no deben utilizarse para restringir el comercio y que su eliminación es un paso crucial para normalizar el comercio exterior, en estricto cumplimiento con los principios de la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC), que promueven el libre comercio, la competencia leal y la no discriminación.
"Resulta necesario que las operaciones de importación se conduzcan de manera sencilla, transparente, eficiente y previsible, ajenos a toda discrecionalidad...", reza la resolución, marcando una clara diferencia con las políticas anteriores.
Las implicaciones son enormes: para los importadores, se espera una reducción drástica de la burocracia y los tiempos de espera, lo que podría dinamizar la actividad y reducir costos. Para el mercado interno, la medida podría significar una mayor oferta de productos y una intensificación de la competencia, con posibles beneficios para los consumidores, pero también desafíos para las industrias locales. Es un claro mensaje pro-mercado que busca desregular y simplificar, dejando atrás las trabas que, según el oficialismo, distorsionaban los precios y la libre iniciativa privada.
