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El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) ha dado el golpe de gracia a los icónicos teléfonos públicos, derogando las normativas que los regían desde los años '90. La medida, que busca "simplificar" y adaptarse a la era digital, deja a estos aparatos al borde de la extinción, aunque con un resquicio para emergencias. ¿Es el fin de una era o un paso necesario?
En un movimiento que sacude los cimientos de la nostalgia, el ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES (ENACOM) ha dictaminado el virtual fin de la telefonía pública tal como la conocíamos. A través de la Resolución 1271/2024, se derogan las históricas normativas de la entonces Secretaría de Comunicaciones (Resoluciones N° 1.716/97, N° 2.130/97 y N° 1.122/98) que regulaban el Plan Nacional de Telefonía Social Pública y el Reglamento de Telefonía Pública.
El argumento central de ENACOM es contundente: la obsolescencia. El avance imparable de los servicios de comunicaciones móviles y por satélite ha dejado a los teléfonos públicos en una situación de "marcada merma en su demanda", agravada por el vandalismo y la dificultad para conseguir cospeles o tarjetas. ¿Quién usa hoy un teléfono público cuando tiene un smartphone en el bolsillo? La realidad es que estas cabinas, antes vitales, se convirtieron en reliquias urbanas.
"El transcurso del tiempo, el crecimiento demográfico, el avance tecnológico, la evolución de los servicios... hicieron de los servicios de telefonía pública una tecnología obsoleta..."
Sin embargo, no todo está perdido. ENACOM exige a los licenciatarios que mantengan terminales de uso público en lugares de "interés público" como hospitales, palacios de justicia, estaciones de transporte y comisarías. Esto busca garantizar la comunicación en situaciones de emergencia o catástrofe, una medida clave para la ciudadanía común. Además, el servicio en los ámbitos penitenciarios federal y provincial, resguardando el derecho de comunicación de las personas privadas de su libertad, queda explicitamente excluido de esta derogación y se asegura su continuidad.
Para las empresas como TELECOM ARGENTINA S.A. y TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A., la derogación significa una mayor libertad y una reducción de cargas regulatorias innecesarias. Ya no deberán cumplir con exigencias de despliegue y mantenimiento de aparatos que nadie usa. Esto, según el ENACOM, busca "propender a la eficiencia, calidad y universalización de acceso a los servicios" de TIC, en línea con los principios de simplificación normativa del Decreto N° 891/17.
Este cambio, impulsado bajo la intervención del ENACOM (Decretos N° 89/24 y N° 675/24), refleja una adaptación a la realidad tecnológica, dejando atrás un servicio que, si bien fue crucial, ya no responde a las necesidades actuales. Es un paso más hacia un ecosistema de comunicaciones totalmente digitalizado, aunque con la responsabilidad de no dejar a nadie desconectado en momentos críticos.
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