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Un nuevo decreto elimina la obligatoriedad de presentar certificados de deuda de la extinta Obras Sanitarias de la Nación para trámites inmobiliarios, sepultando deudas prescriptas y agilizando la compra-venta de propiedades. ¡Un alivio para propietarios y escribanos!
El Poder Ejecutivo Nacional ha dado un golpe de timón en la burocracia inmobiliaria al derogar los artículos 40 y 44 de la Ley N° 13.577, que establecían la obligatoriedad de requerir un certificado de deuda de la ex-Obras Sanitarias de la Nación (OSN) para cualquier transferencia de dominio o constitución de derechos reales sobre inmuebles. La medida, plasmada en el Decreto 1110/2024, busca simplificar los procedimientos de escrituración y eliminar 'trabas burocráticas innecesarias e injustificadas'.
Hasta ahora, antes de vender, comprar o hipotecar una propiedad, era necesario obtener un certificado que acreditara la inexistencia de deudas con la antigua OSN, una empresa privatizada en 1993. El problema radica en que, según informes de 2019, existían más de 29.000 deudas por un total de $82 millones, muchas de ellas prescriptas (con más de 30 años de antigüedad) o sin respaldo documental suficiente para su cobro judicial.
Con esta derogación, desaparece un trámite engorroso y muchas veces inútil, que solo generaba demoras y costos adicionales para los ciudadanos. El decreto considera que la obligación de expedir este certificado 'carece de sentido toda vez que las deudas que puedan existir no se encuentran identificadas o su cobro resulta de imposible persecución'.
Esta acción se enmarca en la política de desregulación y simplificación de trámites impulsada por el gobierno, bajo el paraguas de la Ley de Bases N° 27.742, que declaró la emergencia pública administrativa. Al eliminar esta exigencia, el Estado busca 'mejorar el funcionamiento para lograr una gestión pública transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad'.
En la práctica, esto agilizará notablemente las operaciones inmobiliarias, liberando a escribanos y ciudadanos de una carga administrativa obsoleta, cuyo único fin era intentar cobrar deudas de hace más de tres décadas que, en su mayoría, ya eran incobrables. Es un alivio directo para el mercado inmobiliario y un paso más hacia la reducción de la intervención estatal. Para estar al tanto de futuras novedades que impacten en los trámites de propiedad, consultá el Boletín Oficial periódicamente.
