Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
Con un decreto de alto impacto, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado impone un *examen de conocimientos y competencias* para el personal del Estado, buscando la "optimización y fortalecimiento" de la burocracia. ¿Se viene la purga?
El Gobierno, a través de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, acaba de aprobar el "Reglamento para la Evaluación General de Conocimientos y Competencias". Esta medida, que se desprende de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (N° 27.742), busca nada menos que transformar la gestión pública, reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal y disminuir el déficit fiscal.
La primera etapa de esta "gran evaluación" se aplicará en las jurisdicciones, organismos y dependencias de la Administración Pública Nacional dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Esto incluye la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y una larga lista de partidos bonaerenses, abarcando a miles de empleados estatales.
Se acabó la tranquilidad. Ahora, para seguir en la Administración Pública, deberán aprobar esta evaluación diseñada y reglamentada por la Autoridad de Aplicación. La Ley 25.164, que regula el empleo público, ya exigía la acreditación de idoneidad, pero esta resolución reglamenta un mecanismo concreto y masivo para medirla.
Un dato clave: las personas con Certificado Único de Discapacidad (C.U.D.) quedan exceptuadas temporalmente de realizar la evaluación hasta que el Estado adecúe las condiciones y materiales para garantizar la accesibilidad. Una señal de que no todo es "mano dura", pero la presión sobre el resto es inminente.
Esta movida se enmarca en la promesa de campaña de un Estado más chico y eficiente. ¿Logrará el Gobierno su objetivo de "gestión pública transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad"? El tiempo y los resultados de estas evaluaciones lo dirán, pero la polémica ya está servida. Para los ciudadanos, esto podría significar un Estado más ágil y menos costoso, pero también genera incertidumbre en el sector público.
17 de diciembre de 2025

2 de enero de 2026
24 de febrero de 2026