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La AFIP-Aduana, desde Posadas hasta Río Gallegos, intensifica los controles y notifica a particulares por graves infracciones aduaneras. Millonarias multas y el riesgo de perder la mercadería ¡en el radar de todos!
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (AFIP-Aduana) ha lanzado una serie de avisos oficiales que ponen en alerta a varios particulares y comerciantes. Desde Posadas hasta Río Gallegos, la fiscalización se recrudece, con intimaciones y apercibimientos que pueden derivar en la pérdida de mercadería y multas exorbitantes.
En Posadas, la Aduana notificó resoluciones de fallo por infracciones al Artículo 977 del Código Aduanero. Si bien se archivan algunos actuados, se intima a los titulares a dar una destinación permitida a la mercadería en un plazo perentorio de DIEZ (10) días. Esto significa que deben nacionalizar los bienes, abonar los tributos de importación y regularizar cualquier intervención de terceros organismos. ¿La alternativa? La Aduana advierte que, de no cumplir, la mercadería será declarada en rezago y se le dará una destinación de oficio. Entre los afectados figuran personas con DNI argentinos, pero también con cédulas de identidad de países vecinos, lo que subraya la complejidad de las operaciones en zonas de frontera.
Por su parte, en Río Gallegos, el foco está puesto en una corrida de vista por presunta infracción al Código Aduanero, específicamente al Artículo 970. Un particular, VASQUEZ MARIANO ANTONIO, enfrenta una multa de $3.984.000. Se le exige comparecer en un plazo de DIEZ (10) días hábiles para presentar su defensa y pruebas, bajo apercibimiento de ser declarado en rebeldía. La gravedad de la situación es tal que, además de la multa, se advierte sobre la aplicación de la pena de comiso de la mercadería, es decir, su confiscación. Existe una ventana para la extinción de la acción penal si se abonan la multa y los tributos dentro del plazo establecido, según los artículos 930/932 del Código Aduanero.
Estas notificaciones reflejan una política de mano dura en el control aduanero, buscando combatir el contrabando y la evasión fiscal. Para los ciudadanos y pequeños comerciantes, esto implica una necesidad urgente de revisar sus operaciones y asegurarse de cumplir con todas las normativas para evitar consecuencias económicas devastadoras. La Aduana no da tregua y el mensaje es claro: la ley se cumple o la mercadería se pierde y las arcas del Estado se engrosan con cuantiosas multas.