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El Jefe de Gabinete define las reglas del juego presupuestario para 2025, prorrogando el presupuesto de 2023 y estableciendo estrictos controles sobre cargos, gastos e inversiones. ¡Un claro mensaje de austeridad y centralización para todo el Estado!
Una decisión administrativa explosiva sacude el panorama económico y político del país. La Decisión Administrativa 3/2025, firmada por el Jefe de Gabinete y el Ministro de Economía, establece el marco presupuestario para 2025, prorrogando la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2023. Esto significa que el Estado operará con las mismas partidas y límites de hace dos años, pero bajo una lupa fiscal mucho más estricta.
La medida es un mandato de austeridad y control centralizado. Se determinan los recursos y créditos presupuestarios "con las adecuaciones institucionales del PODER EJECUTIVO NACIONAL". Entre los puntos más impactantes se destacan:
Para el ciudadano común y las empresas que trabajan con el Estado, esto significa un panorama de extrema cautela. La restricción del gasto público podría impactar en la ejecución de obras, la provisión de ciertos servicios y la estabilidad del empleo público. La "mano dura" en el control presupuestario es una señal clara de la prioridad del Gobierno en la disciplina fiscal, aunque el costo inicial pueda ser una ralentización de la actividad económica ligada al Estado. La eficiencia y la transparencia son los argumentos, pero la centralización del poder de decisión es innegable.

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