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El Banco Central de la República Argentina cita a Federico Martínez, Mariano Escudero, Gabriel Giménez e Ivana Capote por presuntas violaciones a la Ley del Régimen Penal Cambiario. ¿Qué se esconde detrás de estas acusaciones y cuáles son las consecuencias de no presentarse?
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha lanzado una nueva ofensiva contra las presuntas infracciones cambiarias, citando y emplazando a cuatro personas a comparecer ante la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario. Los involucrados son Federico MARTÍNEZ (DNI N° 35.955.808), Mariano Leonel ESCUDERO (DNI N° 28.483.313), GABRIEL DAVID GIMÉNEZ (DNI 26.381.000) y IVANA YANINA CAPOTE (DNI 26.546.891).
Según los edictos publicados, estos individuos deben presentarse en la sede del BCRA (Reconquista 266, Edificio Reconquista 250, Piso 6°, CABA) en un plazo de 10 (diez) días hábiles bancarios. La citación responde a sumarios que se sustancian de acuerdo con el artículo 8° de la Ley del Régimen Penal Cambiario N° 19.359 (t.o. por Decreto N° 480/95). La advertencia es clara: la incomparecencia resultará en la declaración de su rebeldía, lo que podría acarrear consecuencias legales aún más severas.
Estas acciones del BCRA demuestran la férrea vigilancia sobre las operaciones de cambio en el país. Los sumarios, identificados con los números 8447 (Expediente N° 81918/2023) y 8399 (Expediente N° EX-2022-00257320-GDEBCRAGFC#BCRA, caratulado "CROP ARGENTINA S.A."), señalan una preocupación persistente por el cumplimiento de la normativa cambiaria, un área altamente regulada en Argentina. Para los ciudadanos y empresas, esto es un recordatorio de los riesgos asociados a las operaciones no declaradas o irregulares en el mercado de divisas, y de la importancia de asesorarse correctamente para evitar caer en infracciones.
"El Banco Central mantiene un control estricto sobre el mercado cambiario para garantizar la estabilidad monetaria y prevenir maniobras especulativas", afirman fuentes cercanas al organismo. La publicación de estos edictos es un paso formal para dar curso a las investigaciones y posibles sanciones.
