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En una movida sin precedentes, el Gobierno endurece las condiciones para el empleo público: prohíbe casi todas las nuevas incorporaciones y exige a miles de contratados aprobar un examen de competencias para seguir en sus puestos. ¿El objetivo? Reducir la planta y “optimizar” recursos.
Dos decretos clave, el 1148/2024 y el 1149/2024, sacuden los cimientos del empleo público nacional. El Decreto 1148/2024 establece una prohibición casi total de nuevas designaciones y contrataciones de personal en el Sector Público Nacional para 2025. Esto abarca desde plantas transitorias y contratos bajo la Ley 25.164, hasta la Ley de Contrato de Trabajo, servicios profesionales autónomos (Decreto 1109/17) y designaciones transitorias en planta permanente. La única ventana para las áreas no exceptuadas es un draconiano sistema de "1 alta por cada 3 bajas" de personal producidas durante 2025, que deberá ser validado por la Secretaría de Transformación del Estado.
El Decreto 1149/2024, aún más polémico, impone un examen de conocimientos y competencias para miles de contratados bajo las modalidades de la Ley 25.164 y el Decreto 1109/17. Quienes no lo aprueben en diciembre de 2024, solo podrán seguir trabajando hasta el 31 de marzo de 2025. A partir del 1 de abril de 2025, solo los que hayan aprobado el examen podrán ser contratados. Además, los contratos temporales de la Ley 20.744 que empiecen en 2025 no podrán durar más allá del 30 de junio de 2025.
Esto golpea directamente a miles de trabajadores estatales que verán sus contratos en vilo o la imposibilidad de ingresar al Estado. Las familias de los empleados públicos, la estabilidad laboral y la calidad de los servicios podrían resentirse. Para los ciudadanos, implica una potencial ralentización o disminución de prestaciones en áreas no exceptuadas. Las empresas y entidades con participación estatal también deberán aplicar medidas similares.
Estas medidas se enmarcan en la emergencia pública declarada por el Decreto 70/23 y la búsqueda de una "transformación de la política de gestión del empleo público" con el objetivo de "optimizar los recursos del Estado". Se espera una ola de incertidumbre y posibles despidos en los primeros meses de 2025. La exigencia de exámenes genera un precedente y una presión enorme sobre el personal. La relación "1 por 3" es un claro mensaje de reducción de personal.
Si sos empleado público contratado, ¡atención a la fecha del examen! y a las condiciones para tu continuidad. Si tu contrato inicia en 2025 bajo la Ley 20.744, sabé que tiene fecha de vencimiento a mitad de año.
16 de enero de 2025

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13 de febrero de 2026