¡Ajuste de Aranceles por Discapacidad! ¿Un Parche Insuficiente en Tiempos de Inflación?

En un contexto económico turbulento, la Secretaría Nacional de Discapacidad del Ministerio de Salud lanzó la Resolución 13/2026, que establece una actualización de aranceles para el Sistema de Prestaciones de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad. Pero la cifra ya genera roncha y debate: un modesto incremento del DOS CON NOVENTA POR CIENTO (2,90%) para el mes de marzo de 2026.

Esta suba se calcula sobre la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero de 2026, y se aplica sobre los valores ya actualizados en febrero (un 5,78%). Además, se ratifica el adicional del 20% para las prestaciones brindadas en la zona patagónica, un reconocimiento a los mayores costos operativos en esas regiones.

¿Qué significa este 2,90%?

Para los prestadores de servicios a personas con discapacidad —centros de día, hogares, transporte, terapias—, es una inyección de oxígeno, pero insuficiente para muchos. En un país con alta inflación, un aumento tan acotado puede significar que los costos operativos sigan superando largamente los ingresos, poniendo en jaque la calidad y continuidad de servicios esenciales.

La Ley N° 24.901, que instituyó el Sistema de Prestaciones Básicas, busca garantizar una atención integral. Sin embargo, la capacidad del sistema para sostenerse depende directamente de que los aranceles cubran los costos reales. Si los prestadores no pueden mantener sus estructuras, la calidad de la atención se resiente y, en última instancia, quienes más sufren son las personas con discapacidad y sus familias.

Este ajuste, aunque necesario, es visto por muchos como un parche en lugar de una solución de fondo. La comunidad de la discapacidad y los prestadores suelen reclamar actualizaciones que reflejen de manera más fidedigna la realidad económica. La decisión de basarse en el IPC del mes anterior es un intento de indexación, pero la velocidad de la inflación a menudo deja estos ajustes desfasados.

Para las familias, es fundamental estar atentas a cómo este incremento afecta la disponibilidad y calidad de las prestaciones.

Es crucial que el Estado garantice no solo el acceso, sino también la excelencia en la atención a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. La sostenibilidad financiera de los prestadores es un pilar para esto.

Mantenerse informado a través de las asociaciones de prestadores y organismos de defensa de los derechos de las personas con discapacidad es clave para entender las implicaciones futuras de estas medidas.