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Las Aduanas de Colón y Posadas redoblan la ofensiva contra el contrabando, publicando listados de condenados e intimados a pagar multas millonarias y tributos, con amenaza de comiso y disposición de mercadería. ¡La ley aduanera no perdona!
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), a través de sus dependencias de Aduana Colón y Aduana Posadas, ha emitido una serie de Avisos Oficiales que resuenan como un claro mensaje: la lucha contra el contrabando y las infracciones aduaneras se intensifica. Cientos de personas están siendo notificadas por resoluciones de fallos que imponen multas, tributos adeudados y, en muchos casos, la pérdida de la mercadería involucrada.
En Aduana Colón, se han dictado condenas por infracciones relacionadas con vehículos, aplicando multas equivalentes a UNA (01) VEZ el importe de los tributos de importación y, en casos donde el rodado no pudo ser aprehendido, una multa sustitutiva de comiso que coincide con su valor en plaza. Los montos son considerables: desde $55.803,46 hasta $191.427,05 en multas principales, y hasta $384.427,05 en multas sustitutivas, además de tributos en dólares que alcanzan los u$s7.140,75. Los condenados tienen QUINCEN (15) DÍAS para pagar y reexportar los vehículos, o enfrentar un proceso de ejecución.
Por su parte, la Aduana Posadas ha publicado dos avisos que detallan la extinción de acciones penales para quienes ya abonaron la multa mínima, o la intimación a comparecer en sumarios contenciosos para presentar defensa bajo apercibimiento de rebeldía. Las infracciones van desde los artículos 977 (faltas a la destinación aduanera) hasta el 987 (mercadería en infracción). Las multas mínimas oscilan entre los $92.428,24 y los impresionantes $3.316.590, con algunos casos que también incluyen tributos en dólares. Quienes no regularicen su situación se arriesgan a que su mercadería sea puesta a disposición de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación.
Estos avisos son un recordatorio contundente de las severas consecuencias de no cumplir con la normativa aduanera. No solo se trata de la pérdida de bienes, sino de sanciones económicas significativas que afectan directamente el patrimonio de los infractores. Es una señal de que el control en las fronteras y la fiscalización del comercio exterior son una prioridad para el Estado, buscando desalentar cualquier intento de evasión o comercio ilícito. Para el ciudadano de a pie, es una advertencia: el 'pasar algo' sin declarar puede salir carísimo.
