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Múltiples empresas de seguridad de renombre, incluyendo SECAR y VIGILAN, lograron homologar un polémico acuerdo para suspender personal con pagos no remunerativos. ¿Crisis o flexibilización encubierta en un sector clave?
En un golpe que sacude al sector de la seguridad privada, el Ministerio de Capital Humano, a través de la Disposición 1765/2025, acaba de dar luz verde a un acuerdo masivo de suspensiones que afecta a varias de las principales empresas del rubro. Se trata de un pacto entre ocho compañías de seguridad, entre ellas SECAR SECURITY ARGENTINA S.A., SECAR SECURITY BUENOS AIRES S.A., VIGILAN S.A., y la UNIÓN PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (UPSRA). Este movimiento, homologado oficialmente, genera preocupación en un sector tan sensible.
El corazón de la medida es la aplicación del controvertido Artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (N° 20.744), que permite la suspensión de personal a cambio de una prestación no remunerativa. Esto significa que, durante las suspensiones, los trabajadores recibirán una suma de dinero que no computará para aportes y contribuciones de seguridad social (SIPA, INSSJyP, Asignaciones Familiares, FNE), aunque sí para Obras Sociales y ART. Una jugada que alivia las arcas empresariales pero genera un agujero en la futura jubilación de los empleados.
La medida tiene una vigencia establecida desde el 1º de junio de 2025 hasta el 30 de septiembre de 2025, abarcando un período de cuatro meses. Este tipo de acuerdos suele ser un indicio claro de un procedimiento preventivo de crisis por parte de las empresas, lo que fue confirmado en el expediente. La homologación gubernamental busca 'salvar' puestos de trabajo, permitiendo a las empresas reducir costos operativos en momentos de dificultad, aunque a costa de una merma en los beneficios sociales para los trabajadores. La decisión demuestra la compleja balanza entre la supervivencia empresarial y los derechos laborales.
Para los ciudadanos, esto podría implicar una potencial precarización de las condiciones laborales en un sector crítico para la seguridad pública. La justificación oficial es la necesidad de preservar las fuentes de empleo en un contexto económico complejo. Sin embargo, los críticos señalan que este tipo de acuerdos pueden abrir la puerta a una mayor flexibilidad laboral que, si bien es necesaria para la supervivencia empresarial, puede erosionar derechos adquiridos a largo plazo. Es crucial que los trabajadores afectados conozcan sus derechos y las implicaciones de esta prestación no remunerativa. Se aconseja estar atento a futuras comunicaciones de sus empleadores y del sindicato para entender cómo afectará su situación individual y previsional.
