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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (AFIP) lanzó una batería de avisos oficiales que ponen en la mira a decenas de personas por presuntas infracciones aduaneras. Desde Tinogasta hasta Tucumán, la AFIP intima a pagar multas que superan los $14 millones y exige la regularización de la situación fiscal o enfrentar la rebeldía.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (AFIP) ha desatado una ola de notificaciones en el Boletín Oficial, poniendo en jaque a decenas de ciudadanos por presuntas infracciones aduaneras. Estos avisos, que impactan desde Catamarca hasta Tucumán, son una clara señal de la intensificación de los controles y la búsqueda de regularización fiscal en las fronteras y en el interior del país.
La Aduana de Tinogasta, Catamarca, ha citado a una larga lista de individuos por supuestas infracciones a los artículos 986 y 987 del Código Aduanero. Los implicados tienen apenas diez días hábiles para presentar sus defensas y ofrecer pruebas, bajo la amenaza de ser declarados en rebeldía. Las multas impuestas no son menores, algunas superando los $4.9 millones de pesos argentinos y miles de dólares en tributos.
El pago voluntario del mínimo de la multa y el abandono de la mercadería a favor del Estado extingue la acción penal, una 'salida' que la Aduana ofrece para aquellos que buscan cerrar rápidamente sus conflictos con el fisco.
Entre los casos más resonantes, encontramos a HERRERA IBARRA ADOLFO con una multa de $4.938.301,43 y tributos por USD$2.650,41, y a ROBLES JUAN JOSÉ con $3.308.580,22 y USD$1.392,18. Esto afecta directamente a comerciantes, importadores y particulares que realizan transacciones transfronterizas.
En San Miguel de Tucumán, la Aduana ha recurrido a edictos para notificar a infractores con 'domicilio incierto', una práctica común para alcanzar a quienes intentan evadir las notificaciones. Aquí, los cargos formulados intiman al pago de multas y tributos, con cifras que escalan hasta los $14 millones de pesos por persona. La no cancelación de estas deudas puede derivar en la aplicación de sanciones aún más severas, como el artículo 1122 del Código Aduanero, que prevé la ejecución de la deuda.
Casos como el de GARECA MARTA y RUIZ FIDEL, ambos con deudas de $14.019.663,16, o MORENO DANTE MARCELO y TORRES JOSE FRANCISCO, con $14.007.049,32, demuestran la magnitud de los montos reclamados. Este tipo de avisos también sirve como interrupción del plazo de prescripción, lo que significa que la deuda no 'caduca' y el fisco puede seguir persiguiéndola.
Finalmente, desde el Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros en CABA, se emitió un edicto para MARIA ELIZABETH CABRERA. En su caso, se ordenó archivar una denuncia, lo que a primera vista podría parecer un alivio. Sin embargo, este 'respiro' viene con una condición ineludible: la entrega de la mercadería está supeditada a la acreditación de la CUIT y al pago de los tributos que se liquiden. Una muestra de que, aunque se cierre una causa, la Aduana no perdona la deuda fiscal.
Para los ciudadanos, la lección es clara: la AFIP está monitoreando activamente las operaciones aduaneras y las infracciones no quedan impunes. Es crucial mantener la documentación en regla, declarar correctamente las mercaderías y estar atento a cualquier notificación oficial para evitar recargos y complicaciones mayores. ¡No dejes que la burocracia te tome por sorpresa!
