¡Alerta Automotriz! Homologan suspensiones masivas con "prestación" no remunerativa
El Ministerio de Capital Humano validó acuerdos entre SMATA y varias automotrices/concesionarias para suspender personal bajo el polémico Artículo 223 bis, esquivando el Preventivo de Crisis para "preservar empleos". ¿Qué significa esto para los trabajadores?
Índices de Impacto
Organizaciones
- FRANCISCO OSVALDO DIAZ S.A.
- SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA (SMATA)
- LI JACK SOCIEDAD ANONIMA
- RUTA 3 AUTOMOTORES SOCIEDAD ANONIMA
- ALRA SOCIEDAD ANONIMA
- Ministerio de Capital Humano
- Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo
Fechas Clave
En un movimiento que sacude al sector automotriz y de concesionarias, el Ministerio de Capital Humano, a través de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, acaba de homologar una serie de acuerdos de suspensiones de personal que involucran a gigantes como FRANCISCO OSVALDO DIAZ S.A., LI JACK S.A., RUTA 3 AUTOMOTORES S.A. y ALRA S.A. (en dos disposiciones distintas), todas ellas negociadas con el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina (SMATA).
El "salvavidas" del Artículo 223 bis
Estos acuerdos, enmarcados en el Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (Ley de Contrato de Trabajo), permiten a las empresas suspender a sus empleados pagando una prestación no remunerativa. Esto significa que, si bien los trabajadores reciben un ingreso, este no computa para cargas sociales, aguinaldo, vacaciones u otros beneficios que sí genera el salario. La medida, lejos de ser nueva, fue un recurso ampliamente utilizado durante la pandemia de COVID-19, como lo recuerdan los decretos N° 297/20 y 329/20, que prohibieron despidos pero exceptuaron estas suspensiones pactadas.
¿Crisis tácita y Procedimiento Preventivo de Crisis evitado?
Lo más llamativo es que, en la mayoría de estos casos, la autoridad laboral consideró que el consentimiento del sindicato para las suspensiones implica un "reconocimiento tácito a la situación de crisis que afecta a la empresa". Esto les permite sortear la obligación de iniciar un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), un mecanismo legal (Ley N° 24.013 y Decreto N° 265/02) diseñado para evaluar la situación económica de la empresa antes de aplicar medidas drásticas como despidos o suspensiones masivas. La justificación oficial es que, de esta manera, se "logra preservar los puestos de trabajo", evitando un "dispendio de actividad" burocrática.
La homologación de estos acuerdos sin pasar por el Preventivo de Crisis genera debate. ¿Se prioriza la agilidad sobre el análisis profundo de la situación económica de las empresas?
Para los trabajadores afectados, la noticia implica la incertidumbre de una reducción de ingresos y de la base de cálculo para futuras prestaciones, aunque se mantiene el vínculo laboral. Para las empresas, es una válvula de escape ante escenarios de baja actividad o reestructuraciones. Es fundamental que los empleados revisen los detalles de cada acuerdo, ya que, si bien son "marcos colectivos", no deben menoscabar derechos individuales. La sombra de la crisis económica sigue planeando sobre el sector automotriz, y estas suspensiones son un claro síntoma.

