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El Ministerio de Capital Humano oficializa acuerdos para suspender personal en STARG SRL y STAMPA AUTOMOTORES SA, bajo el artículo 223 bis de la LCT, en un intento por "preservar puestos de trabajo" ante la crisis del sector.
El sector automotriz argentino vuelve a encender las alarmas. El Boletín Oficial publicó hoy tres disposiciones que homologan acuerdos de suspensión de personal en empresas clave del rubro, en el marco del polémico Artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT). Estas medidas, impulsadas por el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR (SMATA) junto a las empresas, buscan capear la crisis económica que golpea fuerte la producción y las ventas.
El Artículo 223 bis permite a las empresas suspender a sus trabajadores pagando una prestación no remunerativa, es decir, una suma de dinero que no tiene carácter salarial y no genera aportes ni contribuciones. Si bien se presenta como una forma de "preservar los puestos de trabajo", para el empleado significa una reducción de ingresos y una fuerte incertidumbre sobre su futuro laboral. La Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a cargo de Mara Agata Mentoro, dio el visto bueno a estos acuerdos, lo que genera un precedente delicado.
Las empresas involucradas son:
Un punto altamente cuestionable es que, en todos los casos, la autoridad de aplicación "estimó que ha mediado un reconocimiento tácito a la situación de crisis" por parte del sindicato, lo que permitió evitar la exigencia de iniciar un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), un requisito legal fundamental establecido por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02. Esta "flexibilización" administrativa, aunque justificada por la "preservación de puestos de trabajo", podría sentar un precedente para futuras negociaciones en contextos de crisis, dejando a los trabajadores con menos herramientas para defender sus derechos individuales en el marco de la ley. La lista de personal afectado, aunque no se detalla en el Boletín, figura en los expedientes de cada disposición.
Para el ciudadano común, estas medidas son un claro indicador de la fragilidad económica que atraviesa el país, con el sector automotriz, un termómetro clave, mostrando signos de alarma. La suspensión de personal significa menos dinero circulando y más preocupación en los hogares, impactando negativamente en el consumo.
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