¡Alerta Consumidores! El Gobierno congela nuevos registros de asociaciones por un año

Una medida que encendió las alarmas en el ámbito de la sociedad civil y la defensa de los derechos: la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial ha dispuesto la suspensión por 365 días de las solicitudes de inscripción al REGISTRO NACIONAL DE ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES. Esta decisión afecta directamente a asociaciones civiles, cooperativas o fundaciones que busquen operar a nivel nacional en la protección de los consumidores.

La Disposición 3/2025 se presenta como parte de un "proceso de revisión integral" del régimen de asociaciones de consumidores. El objetivo declarado es "actualizar, adecuar y simplificar" dicho régimen, ponderando criterios de representatividad, autofinanciamiento y planes de acción futura. En otras palabras, el Gobierno busca un "mejor funcionamiento del sistema", aunque la suspensión temporal de nuevas inscripciones genera incertidumbre sobre el futuro de la incidencia ciudadana en esta materia.

Es crucial destacar que la medida "no afectará la inscripción de aquellas asociaciones que ya se encuentran inscriptas". Es decir, las organizaciones ya reconocidas podrán seguir funcionando, pero el ingreso de nuevos actores al escenario nacional de defensa del consumidor queda en stand-by. Esto podría generar un vacío en la representatividad y limitar la capacidad de respuesta ante nuevas problemáticas que surjan en el mercado.

Para el ciudadano común, la existencia de asociaciones de consumidores fuertes y numerosas es vital para equilibrar la balanza frente a los grandes intereses económicos. Esta suspensión, aunque temporal y con fines de "revisión", podría interpretarse como un freno a la expansión de la defensa colectiva de los derechos de los consumidores. La pregunta que flota en el aire es si este "ordenamiento" derivará en un fortalecimiento genuino o en una restricción encubierta de la capacidad de los ciudadanos para organizarse y hacer valer sus derechos. La Subsecretaría no descarta un "reempadronamiento de las existentes" una vez concluida la revisión, lo que añade una capa más de incertidumbre a este proceso.