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El INAES se puso firme y revocó la autorización de 14 cooperativas y suspendió preventivamente a otras dos, encendiendo las alarmas en el sector de la economía social. ¿Se viene una limpieza?
El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) ha sacudido el tablero cooperativo con una serie de resoluciones que no pasaron desapercibidas. En un golpe de autoridad, el organismo decidió revocar por "contrario imperio" la autorización para funcionar de nada menos que catorce cooperativas, y como si fuera poco, ordenó la suspensión preventiva de la operatoria y la instrucción de sumarios para otras dos entidades. Este movimiento, que se ampara en la Ley 19.549 y el Código Civil y Comercial de la Nación, así como en resoluciones internas del INAES, sugiere una intensificación en la fiscalización y el control sobre el sector.
Entre las damnificadas por la revocación de matrícula se encuentran cooperativas de trabajo con domicilios en la provincia de Buenos Aires y Tucumán, dedicadas a diversas actividades como soluciones integrales, alimentación, construcción, textil y agraria. Algunas de las afectadas son:
Además, se ordenó la suspensión de la operatoria y el inicio de sumarios para la COOPERATIVA DE TRABAJO 27 DE ENERO LIMITADA (CUIT: 30-71822467-1) y la COOPERATIVA DE TRABAJO 6 DE JULIO LIMITADA (CUIT: 30-71821477-3), ambas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estas medidas preventivas implican que, hasta tanto se resuelvan los sumarios, estas entidades no podrán seguir funcionando, lo que representa un golpe durísimo para sus miembros y proyectos.
La decisión del INAES puede interpretarse como un claro mensaje de mayor control y rigor en la supervisión de las cooperativas. Para las entidades afectadas, significa un futuro incierto y la necesidad de recurrir a instancias administrativas y judiciales para defender su continuidad. Es un recordatorio de que la economía social, aunque busca un fin distinto al lucro, también está sujeta a normativas estrictas y a la vigilancia del Estado. Los recursos de revisión, reconsideración, aclaratoria y alzada están disponibles, pero los plazos son cortos y la presión, enorme. Esto subraya la importancia de la transparencia y el cumplimiento normativo en un sector que es clave para muchos trabajadores y comunidades.
