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El Gobierno ajusta los aportes para trabajadores rurales del Chaco y tabacaleros de Salta. ¿Más presión o alivio para el sector y sus peones?
El Ministerio de Capital Humano, a través de la Subsecretaría de Seguridad Social, ha vuelto a mover las piezas en el tablero de la seguridad social agraria, aprobando nuevas tarifas sustitutivas para los Convenios de Corresponsabilidad Gremial. Estas disposiciones, que buscan formalizar el empleo y garantizar el acceso a beneficios, impactan directamente en dos sectores clave: la producción de granos y algodón en Chaco, y el tabaco en Salta.
La Disposición 27/2024 actualiza las tarifas para los trabajadores involucrados en la producción de algodón, maíz, trigo, sorgo, soja y girasol en la Provincia del Chaco. Este convenio, celebrado entre la UNIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES RURALES Y ESTIBADORES (UATRE), la FEDERACIÓN AGRARIA ARGENTINA (FILIAL CHACO) y la UNIÓN DE COOPERATIVAS AGRÍCOLAS ALGODONERAS LTDA. (UCAL), verá sus nuevas tarifas regir en dos tramos: la primera desde el 1° de enero de 2025 hasta el 31 de enero de 2025, y la segunda a partir del 1° de febrero de 2025, manteniéndose hasta nueva aprobación. Esta medida es crucial para un sector que enfrenta constantes desafíos climáticos y económicos, y que ahora deberá recalcular sus costos laborales.
Por su parte, la Disposición 28/2024 se enfoca en el sector tabacalero de Salta, actualizando la tarifa sustitutiva del convenio entre UATRE y la CÁMARA DEL TABACO DE SALTA. Esta actualización corresponde al período 2023/2024 y se abonará en cuatro pagos iguales, mensuales y consecutivos, imputados a las cuotas de enero, febrero, marzo y abril de 2025. Es un ajuste que complementa una tarifa anterior y busca mantener la "representatividad de los aportes y contribuciones" que se sustituyen. La transparencia y participación fueron claves, ya que los cálculos se pusieron en conocimiento de la Comisión de Seguimiento del Convenio.
Estos convenios son herramientas vitales para simplificar el pago de aportes y contribuciones a la seguridad social, promoviendo la registración laboral en actividades con alta informalidad. Sin embargo, la actualización de estas tarifas significa un ajuste en los costos para los empleadores, que impactará en la rentabilidad de las cosechas, pero a su vez, busca garantizar los beneficios de seguridad social para los trabajadores rurales. El desafío es encontrar el equilibrio entre la sostenibilidad productiva y la protección social en un contexto inflacionario. La revisión de estos convenios continuará, buscando adecuaciones para su "mejor desempeño".
