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La Secretaría de Transporte estiró el plazo hasta el 30 de abril para que miles de empresas de colectivos urbanos e interurbanos se pongan al día con el nuevo registro nacional. Una medida que da un respiro, pero que expone la dificultad del sector para adaptarse a las nuevas reglas.
En una movida de último momento que evitó un potencial colapso en el servicio de transporte público, la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía decidió prorrogar el plazo para que las empresas de colectivos se inscriban en el nuevo y unificado Registro Nacional de Transporte Automotor de Pasajeros. Originalmente, la fecha límite era el 9 de febrero de 2025, pero ahora tendrán hasta el 30 de abril de 2025 para regularizar su situación.
Esta decisión, plasmada en la Resolución 2/2025, llega tras un relevamiento preocupante: de las 3185 empresas activas bajo el régimen anterior, solo 1748 se habían registrado en el nuevo sistema (1486 preexistentes y 153 nuevas). La situación con el parque móvil no era mejor, con solo 5045 vehículos verificados de un total mucho mayor, incluyendo apenas 306 unidades de las 9637 del servicio público urbano.
La prórroga es un bálsamo. Si el plazo original se mantenía, una gran cantidad de servicios podría haberse visto interrumpida por la falta de inscripción de las empresas, dejando a miles de usuarios a pie. Ahora, los transportistas tienen más tiempo para cargar en la plataforma Trámites a Distancia (TAD) todos los datos requeridos: desde su información como empresa, el parque móvil, la nómina de conductores hasta las líneas y servicios que operan.
La medida busca una "transición ordenada", según la Secretaría, y fue impulsada por la propia Subsecretaría de Transporte Automotor y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), quienes notaron la baja adhesión inicial. También hubo pedidos de los propios transportistas. La resolución 57/2024, que creó este registro unificado, sigue siendo el marco normativo, y advierte que la inclusión de datos falsos o adulterados será pasible de sanciones. En definitiva, un "salvavidas" burocrático para que el transporte no se detenga, al menos por ahora.
