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Dos resoluciones del Ministerio de Economía designan a funcionarios clave en la Superintendencia de Seguros y en Compras y Contrataciones, autorizando excepciones por *no cumplir los requisitos mínimos*. ¿Se prioriza la flexibilidad sobre la idoneidad en la administración actual?
El Boletín Oficial de hoy trae dos designaciones que encienden las alarmas sobre la transparencia y los criterios de selección en la administración pública. Por un lado, la Resolución 1872/2025 designa transitoriamente al abogado Jonathan Lifschitz (MI N° 33.897.423) como Gerente de Inspección en la vital Superintendencia de Seguros de la Nación. Lo impactante es que esta designación se realiza con una autorización excepcional por no reunir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del SINEP.
Simultáneamente, la Resolución 1875/2025 nombra a la escribana Romina Pamela Terbay (MI N° 35.595.184) como Coordinadora de Compras y Contrataciones en el Ministerio de Economía, también con una autorización excepcional por no cumplir los requisitos mínimos.
Estas medidas, firmadas por el Ministro Luis Andrés Caputo, no son un mero trámite. La Superintendencia de Seguros es el organismo encargado de controlar y fiscalizar a todas las aseguradoras del país, un pilar fundamental para la estabilidad financiera y la protección de los asegurados. Designar a un gerente de inspección sin los requisitos es, cuanto menos, preocupante para la confianza del mercado y los ciudadanos.
En el caso de Compras y Contrataciones, la situación es igualmente delicada. Esta área maneja los millonarios procesos de adquisición del Estado, donde la transparencia y el cumplimiento de las normativas son cruciales para evitar irregularidades y garantizar el buen uso de los fondos públicos.
"Las excepciones a los requisitos mínimos, especialmente en áreas tan sensibles, generan un manto de duda sobre la meritocracia y la búsqueda de los perfiles más idóneos para la función pública." - Análisis de especialistas en gestión estatal.
Ambas resoluciones invocan el decreto 958/2024, que otorga facultades a los ministros para realizar o prorrogar designaciones transitorias. Sin embargo, la excepción de requisitos se presenta como un punto de fricción en un contexto donde el gobierno promete eficiencia y desregulación. Para el ciudadano común, esto significa que personas sin la experiencia o formación formalmente requerida están ocupando puestos de altísima responsabilidad que afectan directamente el control del sistema financiero y la administración de los recursos del Estado. Es fundamental estar atentos a cómo estas designaciones impactan en la gestión y la rendición de cuentas.
14 de enero de 2026
25 de noviembre de 2025
25 de noviembre de 2025