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El Ministerio de Transporte bonaerense redobla la apuesta en el control vial, consolidando su controvertido Registro de Proveedores de Tecnología para la Constatación de Infracciones. ¿Más cámaras, más multas y menos margen para los infractores? Prepárense para una fiscalización "infalible".
La Provincia de Buenos Aires no se anda con chiquitas cuando se trata de seguridad vial. El Boletín Oficial publicó una serie de disposiciones del Ministerio de Transporte que reafirman y ajustan el "Registro de Proveedores de Tecnología para la Constatación de Infracciones de Tránsito". Esto no es poca cosa: estamos hablando del cerebro detrás de las fotomultas y todos esos dispositivos que controlan la velocidad y las normas en rutas y calles.
Según la Disposición N° 28-DPAYCTAMTRAGP-2026, la Ley N° 13.927, que declara al tránsito de interés provincial, es la base de todo. El objetivo es claro: reducir la siniestralidad vial mediante la concientización y, sobre todo, un control férreo. ¿Cómo? A través de cinemómetros y otros sistemas automáticos o semiautomáticos, fijos o móviles, fotográficos o no, cuya información, ¡atención!, no pueda ser alterada manualmente.
La Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial, ahora bajo la órbita de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial del Ministerio de Transporte, es la autoridad competente para autorizar el uso e instalación de estos equipos. Y no solo eso, también es la encargada de mantener actualizado este Registro de Proveedores, asegurando que solo los que cumplan con "estándares de calidad y servicio" puedan operar. Esto significa que los aparatos que nos cazan excediendo la velocidad o cruzando en rojo están, o deberían estar, debidamente homologados y controlados por el Estado provincial.
"El Ministerio de Transporte mantendrá actualizado un registro de proveedores autorizados de tecnología de instrumentos cinemómetros y otros equipos o sistemas... cuya información no pueda ser alterada manualmente."
La Disposición N° 30-DPAYCTAMTRAGP-2026 simplemente acompaña y se enmarca en este mismo andamiaje legal, reafirmando la continuidad de estas políticas de control. Para los ciudadanos, esto se traduce en una mayor vigilancia en las rutas y una menor tolerancia a las infracciones. Para las empresas proveedoras de tecnología, es un mercado regulado con requisitos estrictos, donde la calidad y la fiabilidad son clave. El Estado bonaerense se posiciona firmemente como el gran regulador y fiscalizador del tránsito, buscando un sistema más justo y, esperemos, más seguro para todos.
