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El Ministerio de Capital Humano homologa acuerdos clave que permiten suspensiones de personal con pagos no remunerativos, sorteando el Procedimiento Preventivo de Crisis. Sindicatos ceden ante la urgencia económica, buscando evitar despidos y mantener los puestos de trabajo en un contexto incierto.
Una ola de acuerdos laborales de emergencia sacude el panorama argentino. El Ministerio de Capital Humano, a través de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, ha homologado varias disposiciones que autorizan la suspensión de personal en empresas como L`EXPRES SOCIEDAD ANONIMA, F–BRIONES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA y EMPRESA TRANSPORTE AUTOMOTOR LLAMBI CAMPBELL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. Estos acuerdos, firmados con el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR (SMATA) y la UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR (UTA), permiten a las compañías suspender a sus trabajadores pagando una prestación no remunerativa en el marco del polémico Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744.
Lo más llamativo y potencialmente controversial es que estos acuerdos eluden el Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), un requisito legal establecido por la Ley N° 24.013 y el Decreto N° 265/02 para casos de despidos o suspensiones masivas. La justificación oficial es que el "consentimiento prestado por la entidad sindical" se interpreta como un "reconocimiento tácito a la situación de crisis" de las empresas, lo que hace innecesario el PPC y evita un "dispendio de actividad".
Para los trabajadores, esto significa una reducción drástica de sus ingresos, ya que las prestaciones no remunerativas no computan para aguinaldo, vacaciones ni aportes jubilatorios. Sin embargo, la medida se presenta como una forma de preservar los puestos de trabajo frente a la amenaza de despidos masivos, un mal menor en tiempos difíciles. Las empresas, por su parte, obtienen una flexibilidad crucial para ajustar sus costos operativos en un entorno económico adverso, evitando la quiebra y el cierre definitivo.
Este patrón de homologaciones sugiere una estrategia gubernamental para gestionar la crisis laboral, priorizando la rapidez y el acuerdo entre partes por encima de los procedimientos formales, lo que podría sentar un precedente peligroso o, para algunos, una solución pragmática ante la recesión. Es crucial que los trabajadores afectados conozcan sus derechos y se mantengan informados a través de sus representantes gremiales y fuentes oficiales para entender el alcance de estas suspensiones.
