Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
El Ministerio de Capital Humano homologó una batería de acuerdos entre diversas empresas y sindicatos para suspender personal con pagos no remunerativos, esquivando el Procedimiento Preventivo de Crisis. ¿Es un salvavidas o una señal de alarma para el mercado laboral?
Una serie de disposiciones publicadas en el Boletín Oficial revelan una preocupante tendencia en el ámbito laboral argentino: la homologación de acuerdos de suspensión de personal bajo el polémico artículo 223 bis de la Ley N° 20.744. En un movimiento que genera ruido, el Ministerio de Capital Humano, a través de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, dio luz verde a convenios entre varias empresas y sus respectivos sindicatos para aplicar suspensiones con el pago de una prestación no remunerativa.
Lo más llamativo de estos acuerdos es que, si bien la ley exige un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) antes de despedir o suspender personal masivamente (Ley 24.013 y Decreto N° 265/02), el Ministerio considera que el "consentimiento prestado por la entidad sindical" en estos casos es un reconocimiento tácito de la situación de crisis de las empresas. Esto les permite evitar la burocracia del PPC, agilizando las suspensiones con el argumento de "preservar los puestos de trabajo".
Entre las empresas y sindicatos que sellaron estos pactos se encuentran:
Para los trabajadores afectados, la principal consecuencia es la reducción de ingresos al percibir una prestación no remunerativa, lo que impacta en aportes jubilatorios y otros beneficios. Si bien se mantiene el vínculo laboral, la incertidumbre y la precarización de facto son innegables. Para las empresas, esta vía representa una salida más rápida y menos costosa ante situaciones de baja actividad, permitiendo ajustar sus costos operativos sin recurrir a despidos masivos que implicarían indemnizaciones millonarias.
Esta serie de homologaciones es un claro termómetro de la tensión económica que vive el país, donde la prioridad parece ser sostener la estructura de empleo a cualquier costo, incluso si eso significa flexibilizar derechos laborales y reducir el poder adquisitivo de los empleados. La pregunta que flota en el aire es si estas medidas temporales lograrán reactivar la economía o si son el preludio de un ajuste más profundo y doloroso.
