Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
La ANPYN simplifica drásticamente el proceso para que barcos extranjeros operen en cabotaje nacional, derogando la Resolución 52/2021. ¿Un golpe a la marina mercante nacional o un impulso a la eficiencia y el comercio exterior?
¡Alerta máxima en el sector marítimo! La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) ha lanzado una bomba regulatoria con la Resolución 41/2025, que deroga la antigua Resolución N° 52/2021 y simplifica radicalmente el trámite para que barcos de bandera extranjera puedan realizar cabotaje nacional. ¡Adiós a la burocracia que frenaba el comercio y la logística!
¿Qué cambió exactamente? Hasta ahora, la Ley de Cabotaje Nacional (Decreto-Ley N° 19.492/44) exigía que estas operaciones fueran realizadas por barcos argentinos. Solo se permitían excepciones si no había buques nacionales disponibles, un proceso que era lento y engorroso. La ANPYN, ahora la 'única Autoridad Portuaria Nacional' tras el DNU N° 3/2025, ha decidido agilizarlo. A partir de ahora, la inexistencia de buques nacionales aptos podrá acreditarse mediante una declaración jurada, reduciendo los plazos de solicitud a no menos de TRES (3) días hábiles antes de la operación. ¡Una verdadera patada al papeleo!
El contexto es revelador: Un relevamiento de la propia ANPYN mostró que de 60 pedidos de excepción en 2024, solo 11 tuvieron ofrecimientos de barcos nacionales, y ninguno fue viable. En 2025, la situación era similar: de 70 publicaciones, solo 12 ofrecimientos y apenas 2 viables. Esto evidencia una clara falta de capacidad de la flota nacional para cubrir la demanda, dejando al país atado de manos. La nueva normativa busca adaptar el marco legal a esta 'realidad de la actividad'.
Implicaciones:
La vigencia de estas excepciones podrá ser de hasta CIENTO OCHENTA (180) días, o equiparable al término contractual si es para cumplir un servicio específico. Esta medida es un claro guiño a la desregulación y a la apertura del sector, con el objetivo de dinamizar la economía y el comercio interior. Sin embargo, el desafío será monitorear el impacto en la industria naval argentina y asegurar que no se la condene a la irrelevancia.
