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La Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires lanza una serie de intimaciones que ponen en jaque a varias agrupaciones políticas. Desde nuevas inscripciones hasta caducidades por inactividad, el tablero político bonaerense se mueve a ritmo vertiginoso.
La Junta Electoral bonaerense no da tregua y ha desatado una ola de movimientos que sacuden el panorama político provincial. Por un lado, se ha notificado el inicio de trámite para la personería jurídico-política de la Agrupación Municipal “UNIR ROQUE PEREZ” en el Distrito Roque Pérez. Esta publicación, que se extiende por tres días, abre la puerta a posibles oposiciones a la denominación adoptada, un paso crucial para cualquier nueva fuerza que aspire a competir en las urnas.
Pero el plato fuerte viene con dos resoluciones que ponen a temblar a partidos y agrupaciones. La primera intima a diversas autoridades partidarias a reactivar sus trámites de reconocimiento en un plazo de diez días, bajo apercibimiento de declarar la caducidad del procedimiento. Esto significa que si no hay un "acto impulsorio" que demuestre actividad, podrían perder el reconocimiento que tanto les costó obtener. La Junta invoca los artículos 127 y 128 del decreto-ley 7.647/70, que facultan a declarar la caducidad por inactividad de seis meses imputable a los interesados.
La segunda y más drástica resolución apunta a los "partidos fantasma": aquellas asociaciones que no se presentaron en dos elecciones consecutivas (años 2023 y 2025). Para ellos, la Junta Electoral ha iniciado un proceso de intimación para que, también en un plazo de diez días, efectúen un descargo. De no hacerlo, se declarará la caducidad de su personería política, lo que implica la cancelación de su inscripción en el Registro. Aunque subsistirían como personas de derecho privado, perderían su capacidad para participar en la vida electoral.
Estas medidas son un claro mensaje de la Junta Electoral: la inactividad política tiene consecuencias. Se busca depurar el registro de agrupaciones que no cumplen con los requisitos mínimos de participación, garantizando la transparencia y vitalidad del sistema democrático. Para los ciudadanos, es una señal de que el sistema se está "limpiando", aunque para los partidos afectados, representa una verdadera "guillotina" burocrática.
