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Un ciudadano de Monte Grande inició el trámite para sumarse a la prestigiosa nómina de martilleros y corredores públicos, generando un período de 15 días hábiles para posibles oposiciones. ¿Quién es y qué implica este paso crucial para el mercado inmobiliario bonaerense?
El Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires nos trae una novedad que sacude el ámbito de los negocios inmobiliarios y las subastas: Daniel Alejandro Dorre, con domicilio en Monte Grande, ha presentado formalmente su solicitud de colegiación ante el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Este trámite, amparado por la Ley Nº 10.973, es un paso ineludible para quienes aspiran a ejercer estas profesiones en la provincia.
La colegiación no es un mero formalismo; es la puerta de entrada a una profesión regulada que exige idoneidad y ética. Al solicitar su ingreso, Dorre busca obtener la matrícula que le permitirá operar legalmente como martillero y corredor público, lo que significa que estará habilitado para realizar remates, tasaciones y mediaciones en transacciones de bienes, impactando directamente en el mercado local.
Este proceso, que se publica "POR 1 DÍA" según el Decreto 3630/91, abre un período crucial para la transparencia y el control. Cualquier ciudadano o colega que considere tener motivos fundados para oponerse a su ingreso, tiene un plazo de quince (15) días hábiles para presentar su objeción. La sede para estas oposiciones es en la calle Portela N° 615 de Lomas de Zamora, un dato vital para quienes deseen ejercer su derecho a la participación pública.
La existencia de colegios como el de Lomas de Zamora o el de La Matanza (también mencionado al final del edicto, quizás en un contexto más amplio de publicaciones del día) es fundamental. Actúan como guardianes de la ética profesional, asegurando que solo personas calificadas y con un comportamiento intachable puedan ejercer. Esto protege no solo a los profesionales sino, y quizás más importante, a los ciudadanos que confían sus bienes y transacciones a estos intermediarios. La firma de MyCP Ana María López, Secretaria General, valida la oficialidad de este llamado.
Para el ciudadano común, la importancia radica en saber que los profesionales que contratan han pasado por un filtro riguroso. Este tipo de publicaciones garantiza la transparencia y el derecho a la información sobre quienes se suman a la actividad. Estar atento a estas publicaciones es una forma de participar en la fiscalización social de las profesiones que impactan directamente en el patrimonio de las familias argentinas.
