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Una catástrofe hídrica golpea sin piedad a la provincia de Buenos Aires. El Ministerio de Economía declara la emergencia y/o desastre agropecuario por inundación en decenas de partidos, abriendo la puerta a beneficios cruciales para los productores arrasados. ¿Alcanzará la ayuda para evitar la quiebra y garantizar el pan en la mesa de los argentinos?
La naturaleza volvió a golpear con furia. El Boletín Oficial de hoy trae la cruda realidad de los campos bonaerenses: la Resolución 1450/2025 del Ministerio de Economía declara el estado de emergencia y/o desastre agropecuario por inundación en amplias zonas de partidos clave como Hipólito Yrigoyen, General Alvear, Las Flores, Chivilcoy, Junín, Roque Pérez, Chacabuco y Monte, entre otros. La medida rige desde el 1° de mayo y se extiende hasta el 31 de octubre de 2025, marcando el fin del ciclo productivo para miles de explotaciones agrícolas y ganaderas.
Esta declaración no es un mero formalismo. Para los productores afectados, significa la posibilidad de acceder a los beneficios de la Ley 26.509. ¿Qué implica esto? Principalmente, alivio fiscal y financiero. Estamos hablando de:
La Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios fue clave en la recomendación, confirmando la magnitud de la catástrofe. Es un reconocimiento tardío, pero vital, a la desesperante situación que atraviesan quienes, literalmente, ven cómo su trabajo se va bajo el agua.
Para el ciudadano común, la tragedia del campo se traduce en potenciales aumentos de precios en alimentos o, en el mejor de los casos, en un esfuerzo estatal para estabilizar la producción. La medida busca evitar un colapso total en la cadena de valor, pero el daño ya está hecho. Los productores deberán presentar un certificado provincial para acceder a la ayuda. ¿Será suficiente para reconstruir lo perdido y asegurar la próxima cosecha?
