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El Gobierno valida acuerdos de suspensiones de personal en varias empresas, permitiendo pagos no remunerativos y sorteando el Procedimiento Preventivo de Crisis. ¿Es la antesala de una ola de ajustes laborales?
La Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano ha homologado una serie de acuerdos que permiten a diversas empresas suspender personal bajo los términos del polémico Artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT). Esta medida, que habilita el pago de una prestación no remunerativa durante las suspensiones, ha generado un fuerte debate entre los expertos y preocupación en los trabajadores.
Las empresas beneficiadas por estas homologaciones incluyen a EMPRESA MAYO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, JACK CARS SOCIEDAD ANONIMA, F-BRIONES SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA y el CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AÉREA ARGENTINA ASOCIACIÓN MUTUAL. Los acuerdos fueron celebrados con sindicatos como la UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR (UTA), el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR (SMATA) y la UNION DE TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (UTEDyC).
El Artículo 223 bis de la LCT permite a las empresas, en situaciones de crisis, acordar suspensiones con los sindicatos, pagando una asignación no remunerativa. Esto significa que los trabajadores afectados reciben un ingreso menor y, lo que es crucial, estos montos no computan para aportes jubilatorios, obra social ni otros beneficios laborales, afectando directamente su futuro previsional y cobertura de salud. Si bien la ley exige un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) previo para despidos o suspensiones masivas, la homologación de estos acuerdos se basa en un "reconocimiento tácito a la situación de crisis" por parte de los sindicatos, lo que evita la burocracia estatal y agiliza el proceso para las empresas.
"La exigencia del cumplimiento de los requisitos legales [del PPC] resulta un dispendio de actividad", argumentan las resoluciones, lo que muestra una clara postura de priorizar la celeridad administrativa sobre los pasos formales que buscan proteger el empleo.
Para los trabajadores, esto implica una reducción de ingresos y una merma en sus derechos laborales a largo plazo, aunque se subraya que el objetivo es "preservar los puestos de trabajo". Para las empresas, representa un alivio significativo en sus costos operativos y una mayor flexibilidad para afrontar contextos económicos adversos. La medida, aunque busca evitar despidos, traslada parte del costo de la crisis a los empleados.
¿Cómo estar informado? Es fundamental que los trabajadores afectados consulten a sus representantes sindicales y asesores legales para entender el alcance de estas suspensiones y sus derechos individuales, ya que las homologaciones se realizan "sin perjuicio del derecho individual del personal afectado".
