¡Alerta Roja en el Sector Automotriz! Suspensiones con Pago 'No Remunerativo' Confirmadas

Una nueva disposición del Ministerio de Capital Humano ha encendido las alarmas en el ámbito laboral, al homologar un acuerdo entre la empresa KM 711 SOCIEDAD ANONIMA y el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (SMATA). Este pacto, enmarcado en el controvertido Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744, autoriza la suspensión de personal con el pago de una prestación no remunerativa.

¿Qué Implica el Art. 223 bis y la Controversia?

El Artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo permite a las empresas, en situaciones de crisis económica, suspender personal pagando una suma de dinero que no tiene carácter salarial. Esto significa que sobre ese monto no se realizan aportes y contribuciones a la seguridad social, lo que reduce los costos laborales para la empresa, pero también afecta los derechos previsionales y sociales del trabajador.

Lo más llamativo de esta homologación es que el Ministerio de Capital Humano, a través de la Subsecretaría de Relaciones del Trabajo, consideró que el consentimiento sindical en el acuerdo implica un "reconocimiento tácito a la situación de crisis que afecta a la empresa", prescindiendo así del Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) exigido por la Ley N° 24.013. Esta interpretación, si bien busca la "preservación de los puestos de trabajo", podría sentar un precedente para futuras suspensiones en otras empresas en dificultades, flexibilizando un requisito legal que protege a los trabajadores.

"La decisión de prescindir del PPC genera incertidumbre sobre la real situación de la empresa y los derechos de los trabajadores, abriendo un debate sobre la flexibilidad laboral y la protección social", señaló un analista laboral.

Para los trabajadores afectados, la medida significa una reducción de sus ingresos actuales y un impacto en su futura jubilación, a cambio de mantener su vínculo laboral. Para la empresa, es un respiro financiero temporal que le permite reducir costos en un momento crítico. Este tipo de acuerdos, si bien son una herramienta para evitar despidos masivos, plantean interrogantes sobre el equilibrio entre la supervivencia empresarial y la defensa de los derechos laborales en Argentina.