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El Gobierno homologa acuerdos de crisis que permiten suspender personal con salarios reducidos, evitando despidos y el Procedimiento Preventivo de Crisis. ¿El costo? **Menos ingresos para los trabajadores** y una señal preocupante para la economía.
El Ministerio de Capital Humano ha encendido las alarmas al homologar una serie de acuerdos que permiten a grandes empresas suspender a su personal con el pago de una prestación no remunerativa. Esta medida, amparada en el polémico Artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, es presentada como una "solución" para preservar puestos laborales en un contexto de crisis económica. Sin embargo, detrás de la fachada de "salvavidas", se esconde una realidad que golpea directamente el bolsillo de miles de familias argentinas.
Empresas como BORG S.A., KADIRA S.A. y AGCO ARGENTINA S.A. del sector automotriz y manufacturero, junto a Autobuses Santa Fe S.R.L. en transporte, lograron el visto bueno oficial para aplicar estas suspensiones. Lo más llamativo es que, al obtener el consentimiento de los sindicatos (SMATA y UTA), el Gobierno evita la obligatoriedad de iniciar un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC). Esto significa que la "situación de crisis" que afecta a estas compañías es reconocida tácitamente, sin pasar por los rigurosos controles que la ley exige.
Para los trabajadores, esto se traduce en meses de incertidumbre y una reducción considerable de sus ingresos, ya que la prestación no remunerativa no genera aportes jubilatorios ni otros beneficios sociales. Si bien se evita el despido, la precarización laboral se profundiza. Es un fino equilibrio entre mantener el empleo a cualquier costo y garantizar condiciones dignas. La pregunta que flota en el aire es: ¿hasta cuándo podrán las empresas sostenerse con estas medidas y qué tan profundo es el pozo de la crisis que las obliga a recurrir a soluciones tan drásticas? La situación es un reflejo de la fragilidad económica actual, donde el empleo pende de un hilo. Es crucial para los ciudadanos entender que estas suspensiones, aunque busquen evitar despidos, implican una merma en los ingresos y derechos laborales a largo plazo. Mantenerse informado sobre la situación económica general y las políticas laborales será clave para anticipar futuras medidas.
